La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad que presentó la defensa del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, para que su proceso volviera a iniciar en la Fiscalía y de esta manera, continuará en la etapa actual de acusación en que se encuentra.
Así, quedó en firme la solicitud que hizo la Fiscalía para acusarlo por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado, por la suscripción de diferentes contratos de obra pública mientras fue gobernador entre los años 2012 al 2015.
El exgobernador, con esta petición de nulidad, pretendía dilatar la acusación que hizo la Fiscalía el pasado 27 de octubre, y argumentó que el proceso debería comenzar de ceros por la renuncia a su fuero como congresista, pues los hechos investigados fueron, presuntamente, cometidos antes de llegar al Senado de la República y se debía anular el llamamiento a juicio.
Esto, porque consideró que los hechos por los cuales fue investigado se encontraban en etapa de indagación en el antiguo sistema penal (Ley 600), lo cual era diferente al sistema penal vigente (Ley 906).
La sala de instrucción determinó que, tanto la indagatoria como la imputación, garantizan los derechos del exsenador Aguilar y por eso decidió negar la nulidad planteada.
“Si bien el señor Aguilar Villa, al cambiar de sistema penal, lo que hizo fue ejercer sus derechos, no puede pretender que se anule, lo que en su momento se practicó conforme a la ley y respetuoso de sus derechos, porque si lo anterior fue legítimo en su momento, no deja de serlo por el cambio de sistema procesal”, indicó la corte al explicar la razón fundamental por la cual negó la solicitud de iniciar de nuevo las investigaciones en su contra.
Cabe recordar que una situación similar ocurre en el proceso del expresidente Álvaro Uribe, en el que ha pedido por tutela que no se tenga su calidad de imputado de acuerdo con el actual sistema penal, sino de vinculado mediante indagatoria, lo cual dejaría a la Fiscalía con la facultad de precluir su proceso sin necesidad de llevarlo ante un juez de garantías, tal como lo consagra el actual sistema penal (Ley 906 de 2004).
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