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En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, se refirió a los casos, que ahora serán investigados bajo el micro caso 10, de las víctimas de los ataques perpetrados por las Farc hace 22 años. Se trata de la acreditación de 31 víctimas de atentados con 14 rockets, que en ese entonces usaron durante la posesión de Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia en 2002.
Cabe recordar que los rockets dirigidos contra la Casa de Nariño y la Escuela de Cadetes José María Córdova acabaron con la vida de 27 personas y cerca de 69 resultaron heridas, siendo uno de los atentados terroristas más recordados. Entre las víctimas se encuentra Henry Moreno, un reciclador de 69 años que perdió una pierna en el ataque; él ha buscado justicia durante años y ahora espera que la JEP pueda brindarle respuestas.
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El presidente de la JEP explicó que los casos que se investigan dentro de este macro caso son considerados como crímenes no amnistiables. Esto significa que los responsables no podrán obtener beneficios del acuerdo de paz firmado entre las Farc y el Gobierno.
“Se trata de nuestro caso número 10, que es uno de los últimos casos en que se investiga la conducta de los de la antigua guerrilla de las Farc, que en la que estamos contemplando alrededor de seis investigaciones sobre crímenes cometidos por esa guerrilla, no por el levantamiento insurgente, sino por el tema de haber cometido crímenes en violación del derecho internacional. Uno de los que estamos investigando es el que usted refiere, que fue la utilización de rockets durante la posesión presidencial que terminaron siendo y, es lo que se está investigando, podrían haber consistido en un ataque ilegal en términos del derecho internacional contra población civil y de manera indiscriminada, usando estos estos cohetes que se utilizaron en este momento”, aseveró.
En cuanto a las posibles sanciones para los responsables, Vidal señaló que aquellos que no reconozcan su responsabilidad serán sometidos a un juicio adversarial, donde podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, aquellos que reconozcan su responsabilidad podrían recibir sanciones de hasta ocho años y participar en proyectos de reparación a las víctimas.
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Además de los ataques durante la posesión del expresidente Álvaro Uribe, la JEP también está investigando otros casos simbólicos en la historia de Colombia, como el atentado al club El Nogal y el atentado a Germán Vargas Lleras. Estos casos forman parte del macrocaso 10 y se busca esclarecer la verdad y garantizar la reparación a las víctimas.
Por último, el presidente de la JEP habló sobre la propuesta de crear un tribunal de cierre para aquellos líderes de las Farc que se encuentran al margen de la ley. Aunque actualmente la JEP no tiene competencia para juzgar a estos líderes, el presidente Vidal señaló que en el futuro podría ser necesario establecer tribunales de cierre para estos casos.
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