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En un nuevo capítulo de la controversia sobre la política de paz en Colombia, la fundación para el Estado de Derecho presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, poniendo en el centro del debate el parágrafo 6° del artículo 5° de la ley 2272 de 2022, también conocida como la ley de paz total.
El artículo demandado permite a las partes en una mesa de diálogos acordar la realización de acuerdos parciales, que, según el texto de la ley, serían vinculantes y parte del Derecho Internacional Humanitario.
Según el demandante, la norma abriría la puerta a que acuerdos parciales alcanzados en negociaciones de paz sean incorporados de manera automática al bloque de constitucionalidad.
Este bloque, que integra ciertos tratados internacionales en el orden interno colombiano, ha sido históricamente un mecanismo para armonizar la supremacía constitucional con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
"Las disposiciones de carácter humanitario contenidas en los acuerdos de paz, incluidos los parciales, así como los protocolos que suscriban las partes en la mesa de diálogos, que tengan por propósito proteger a la población civil de los enfrentamientos armados expresa la demanda.
Quedará a criterio de la Corte Constitucional estudiar la demanda y determinar si declara o no inconstitucional este artículo, lo que supondría un revés a la posibilidad de estos acuerdos parciales en el marco de los diálogos con grupos armados.
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