Corrupción UNGRD: Karen Manrique guardó silencio en su indagatoria ante la Corte Suprema

Sobre las 9:00 a.m. de este lunes 2 de diciembre, llegó al Palacio de Justicia la congresista Karen Astrid Manrique, salpicada por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Olmedo López en el escándalo de corrupción de esa entidad, la diligencia no duró más de una hora, pues la congresista se acogió a su derecho de guardar silencio ante la Sala de Instrucción del alto tribunal según lo indicó su abogado Andrés Garzón.“En razón a que no conocemos de manera detallada las indicaciones de Olmedo López quien se ha negado a declarar en la Sala de Instrucción, se guardó silencio. Sin embargo, se dejó claro que en el momento que se conozca realmente toda la imputación la representante Karen Manrique va a ser su pronunciamiento en indagatoria y va a responder”, dijo el abogado.Además, se conoció que la defensa de Manrique solicitó ante el despacho del magistrado instructor Misael Rodríguez, que sean citados ministros del Gobierno Petro, entre ellos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.“No hubo ningún contrato, no se desembolsó un peso, ni hay ningún dinero embolatado para el país. Eso es muy importante, y segundo, para esta situación, la representante Karen Manrique actuó debidamente autorizada por la ley esas dos cosas son muy importantes que lo sepa el país”, señaló Garzón.La representante por las curules de paz es señalada por el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, de haber escrito en una libreta, los municipios en los cuales se iban a direccionar los presuntos contratos con dineros del saqueo de la entidad, los cuales tendrían un valor de 92.000 millones de pesos.Los municipios que se beneficiarían serían Cotorra en el departamento de Córdoba; Saravena en Arauca y el Carmen de Bolívar.Es decir, que según las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Manrique habría sido presuntamente la delegada por los parlamentarios de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para presuntamente tramitar los contratos.