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El ministro de Relaciones Exteriores y canciller en suspensión,Álvaro Leyva, ha enfrentado una serie de cuestionamientos en su contra luego de que la Procuraduría detectara presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes que involucra a la firma estadounidense Thomas Greg and Sons, lo que lo ha mantenido temporalmente fuera de sus funciones.
Este caso da un giro luego de que la Procuraduría General de la Nación prorrogar la suspensión de Leyva tres meses más, lo que es que, si el canciller en suspensión se reintegra como canciller, se abre la posibilidad de que reincida en los comportamientos imputados en el pliego de cargos.
“La suspensión provisional busca garantizar la eficacia del proceso disciplinario, en beneficio del interés general y el correcto desarrollo de la función pública. Se trata de un mecanismo temporal, no sancionatorio y, por ende, no implica una decisión sobre la responsabilidad del procesado, ni la valoración sobre la culpabilidad”, expresó el documento emitido por la Procuraduría.
Además, de esto, el ente de control enfatiza en que, en lo relacionado con el plazo de la suspensión, la norma determina que Álvaro Leyva podrá estar suspendido hasta por tres meses, prorrogables por otros tres.
Por otro lado, le corresponde a la Procuraduría analizar las pruebas en este proceso adelantado en contra de Leyva, y determinar qué es probable que, si el canciller permanece en el cargo, podría interferir con la investigación en curso.
La Procuraduría resalta que el proceso se encuentra en fase de juicio, y que a la fecha no ha culminado en la etapa de presentación de pruebas, y que aún no se han verificado las faltas calificadas como graves en el pliego de cargos.
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En una nueva sesión de esta diligencia judicial el procurador delegado, Ernesto Espinoza, escuchará los testimonios de José Antonio Salazar, exsecretario Ministerio de Relaciones Exteriores Juan Pablo Estrada, abogado de la firma Thomas Greg and Sons y de Martha Lucia Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que fueron pedidas en la anterior sesión por la defensa del canciller.
En medio de este pronunciamiento de la Procuraduría, la Sala considera de vital importancia el testimonio se dará Martha Lucia Zamora “del cual se infiere el desinterés del disciplinado para adelantar el proceso contractual atendiendo el interés general y salvaguardar el patrimonio público; asimismo, se colige su afán de acatar la orden del presidente, sin importar que con ello pueda incurrir en falta disciplinaria”, señala el documento.
Por último, la Procuraduría General de la Nación es enfática en reiterar que contra esta decisión no procede recurso alguno.
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