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La jueza 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, denegó este viernes la petición de nulidad del proceso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, investigado por presunto soborno de testigos y fraude procesal.
Así lo afirmó Heredia en la audiencia virtual en la que señaló que el pedido del abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, "es absolutamente improcedente, se impone su rechazo de plano, decisión contra la cual no procede recurso alguno".
Granados argumentó su pedido en que supuestamente no se podía avanzar al juicio porque Uribe no sabe de qué se está defendiendo y que además "no existe en realidad, a pesar de la homologación, una verdadera formulación de imputación".
"Pues si alguna duda le surgía en relación con la acusación (contra Uribe), la solución no era la de invocar la nulidad, sino como lo recalcó la Corte Suprema de Justicia, procede invocar su aclaración", explicó Heredia, quien hizo una amplia exposición del proceso.
Señaló además que los argumentos de la defensa no cumplían con los argumentos legales para anular lo actuado en las diferentes etapas del juicio.
La togada también reconoció como víctima en el caso al senador Iván Cepeda.
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En la audiencia de hoy el fiscal que lleva el caso, Gilberto Villarreal, añadió a Uribe el cargo de soborno, que se suma a los ya imputados por presunto soborno de testigos y fraude procesal.
De acuerdo con la decisión de la jueza, el proceso contra Uribe se inicia de manera formal y de ser hallado culpable el jefe del Centro Democrático puede tener una pena de entre 6 y 12 años de prisión.
Durante la audiencia virtual Uribe (2002-2010) intervino y aseguró que es inocente de todos los cargos que le imputa la Fiscalía, que no hay congruencia en el caso y que no hay pruebas que demuestren los delitos de los que ha sido señalado.
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La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe, que era senador, demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, que están presos en las cárceles de Palmira, y La Picota en Bogotá, respectivamente.
Monsalve, un exparamilitar, aseguró que hubo toda una estrategia para aproximarse a él y convencerlo de declarar contra Cepeda.
El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.
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Sin embargo, el fiscal Villarreal asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril afirmó que a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios determinó que había motivos para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.
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