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En el marco delsegundo día de audiencias de reconocimiento del antiguo secretariado de las FARC por secuestros en la JEP, en la modalidad con fines de extorsión, varias de las víctimas narraron sus historias ante los magistrados.
Tal fue el caso de Diva Cristina Diaz, quien es hija de Juan Antonio Díaz Calderón, comerciante del Huila, quien fue retenido el 26 de septiembre de 1998 por el frente 13; meses después fue dejado en libertad, pero el mismo día de su liberación fueron secuestradas una de sus hijas y una sobrina. El señor Díaz fue asesinado el 3 de octubre del año 2000, por desconocidos, por no querer pagar un secuestro.
“Ustedes acabaron con mi familia, pero como dijo el compañero, aquí tenemos que perdonar. Ya esto pasó y de alguna manera tenemos que seguir adelante. Yo he tenido muchas inquietudes y pude hablar con el señor Milton, donde para mí es muy importante poder conocer algunas situaciones como, por ejemplo: ¿hubo terceros intervinientes en toda esta situación de secuestro de mi padre y de mi familia?”, explicó Diaz.
Pero no fue el único caso que se conoció. Varias de las víctimas reconocieron hasta hace 4 años que su familiar fue asesinado por de las FARC cuando en reiteradas oportunidades negaron su secuestro.
“No se laven las manos con las víctimas y sean honestos, digan la verdad y descansan, seguros pueden dormir tranquilos. Diciéndoles la verdad a las víctimas, ustedes van a poder descansar y van a tener tranquilidad y también les van a dar tranquilidad a miles de víctimas”, manifestó Yaneth Rosas.
Varios de los afectados han señalado que algunos de sus familiares y amigos no han podido ingresar al registro de víctimas, por lo que están pidiendo que se mejore la ley y no queden por fuera de la reparación.
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“Por qué no hay vínculo entre la JEP y la Unidad de Víctimas para que estas personas también estén en ese RUV (Registro Único de Víctimas), es lo más lógico. Que más pruebas necesitan si ellos mismos dicen que paso esto y esto”, señaló Héctor Horacio Mahecha, víctima de las FARC.
Durante la audiencia, el excomandante del bloque sur de la extinta guerrilla ‘Joaquín Gómez’ aceptó su responsabilidad ante la JEP por esos crímenes de guerra y detalló que llegaron a cobrar a las familias por la recuperación de los cadáveres de los secuestrados que morían en cautiverio.
“Otro hecho es el pago por la recuperación de cadáveres, a veces la persona moría en cautiverio y a pesar de ello hubo muchos casos que a los familiares no se les decía nada, sino se les seguía cobrando, cuando la actitud más sensata era comunicarle a la familia y regresar el cadáver”, fueron sus palabras ante la JEP.
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Las FARC reconocieron que, en algunas zonas del país, les pedían a los frentes unas cuotas producto de esta modalidad del secuestro extorsivo y, de esta manera, poder subsistir como organización, por lo que pidieron perdón.
“Yo soy culpable, individualmente, por esa maldita política del secuestro. Yo participé en la conferencia donde esta política se aprobó. No puedo entonces hacer lo de pilatos: lavarme las manos. No estuve directamente en lugares donde se cometieron retenciones, secuestro de personas, pero eso no me exime de una responsabilidad colectiva que nosotros asumimos y que le estamos dando la cara al país”, agregó Rodrigo Granda.
Han dicho desde el secretariado de las FARC que existe un compromiso de seguir respondiendo con la verdad a las víctimas y, en especial, el de buscar los cuerpos de sus familiares desde la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de la JEP.
“Tenemos nosotros un compromiso ético, moral, y político enorme con la sociedad, con ustedes con los familiares de seguir trabajando en la búsqueda de los restos de sus seres queridos. Porque somos conscientes que mientras una persona siga desaparecida no es posible sanar el duelo y esas familias permanecerán siempre a la espera de su ser querido, y por eso reiteramos nuestro compromiso de trabajar de la mano del sistema integral de la Unidad de Búsqueda para que ojalá sea posible retorno de aquellos que hoy en día no están”, aseguró, por su parte, Carlos Antonio Lozada.
En ese sentido, añadió: “Somos conscientes de los graves daños que causamos. No solo a las personas que secuestramos, sino a sus familias y al conjunto de la sociedad colombiana. Los arrebatamos de sus entornos para llevarlos a campamentos en zonas selváticas y mantenerlos allí por la fuerza, aislados de sus vidas normales”.
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