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Una de las posibles causas del hundimiento de la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso, pudo ser el coletazo de las investigaciones de la Corte Suprema a seis congresistas por el presunto direccionamiento de contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por parte de funcionarios del Ejecutivo a cambio de que emitieran conceptos sobre empréstitos internacionales en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Además de la zozobra que hay en los pasillos del Capitolio Nacional por las visitas permanentes de funcionarios judiciales que buscan computadores y documentos para la investigación, los expertos también coinciden en señalar que los congresistas perdieron la confianza en Ricardo Bonilla, quien hasta hace pocos días era el ministro de Hacienda, presuntamente involucrado en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo porque según tres testimonios, habría sido quien direccionó los tres contratos para favorecer a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
En las últimas horas, funcionarios de la policía judicial adelantaron inspecciones en la sede del ministro de Hacienda y en la casa de Andrea Ramírez, asesora del ministro Ricardo Bonilla y quien fue reemplazada temporalmente por María Alejandra Benavides, quien se ha convertido en un duro “ventilador” ante la Fiscalía contra Bonilla.
Ad portas de la vacancia judicial, hay dos temas clave que podrían definirse: por un lado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia podría definir la situación jurídica de ocho congresistas investigados por el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo: seis implicados en la trama con Ricardo Bonilla y en otra arista, las investigaciones contra Iván Name y Andrés Calle por haber presuntamente recibido 4 mil millones de pesos en efectivo entregados por funcionarios del Gobierno.
A propósito de ese caso, la juez tercera de control de garantías de Bogotá definirá el próximo 18 de diciembre si envía o no a la cárcel a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien habría sido la persona que entregó tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name, caso por el cual ya fue imputada por lavado de activos y tráfico de influencias.
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