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En medio de las discusiones sobre el salario mínimo para el 2025, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en X (anteriormente Twitter) para expresar su postura frente al tema. El mandatario destacó la necesidad de compensar la ausencia de una reforma laboral mediante decisiones que beneficien a la población más vulnerable y sugirió que el salario mínimo jugará un papel crucial en su estrategia.
“La ausencia de una reforma laboral aprobada por el congreso debe ser compensada por el salario mínimo. La política de crédito a la producción en el sector público debe priorizar sustancialmente el crédito asociativo a la economía popular, como vector de la reactivación económica”, escribió Petro
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En un extenso mensaje en X, el presidente expuso su preocupación por las recientes decisiones tomadas en las comisiones económicas del Congreso, las cuales, según él, han afectado la progresividad de la reforma tributaria propuesta por su Gobierno. Petro calificó estas acciones como un intento de desfinanciar los programas sociales y económicos que su istración ha implementado para combatir la pobreza y el hambre.
Mientras el presidente señala esto, las centrales obreras y pensionados pidieron un incremento del salario mínimo del 12 %, equivalente a 156.000 pesos.
Después de ser calificados como la sexta economía mejor dirigida de la OCDE, la mayoría de la clase política tradicional de Colombia en las comisiones económicas decidieron darle un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo. Casi los mismos que aprobaron ponerle el impuesto a la sopa de Carrasquilla, decidieron no bajarle los impuestos a todas las empresas de Colombia y a la clase media, para proteger los grandes pulpos, unas multinacionales de combustibles fósiles y a los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea.
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Decidieron tratar de desfinanciar el gobierno, buscando volver al poder en el 2026, otra vez con su impuesto a la sopa y a la comida en general y con los bonos del agua con los que dejaron morir miles de niños de desnutrición. Las consecuencias y la reacción del gobierno serán complejas. La reforma tributaria que presentamos al principio del gobierno ha sido descuartizada. Le quitaron precisamente la progresividad que ordena la constitución al quitar 6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras y carboneras y estimularon así la economía fósil que representa el mayor peligro a la existencia en todo el planeta por la crisis climática drástica que provoca y que se expande como el gran cáncer del mundo. Como dije antes: la crisis presupuestal no la pagará el pueblo.
El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del gobierno del cambio. Quienes pensabam desfinanciar los programas centrales de la justicia social que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron Haré cambios en la esferas tributarias del país. La lucha contra la elusion tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea y el contrabando deben ser la prioridad central. El financiamiento de la deuda debe diversificarse a profundidad en todo el mundo. El recorte presupuestal hacia las regiones debe ser contrario a ampliar las brechas territoriales.
La ausencia de una reforma laboral aprobada por el congreso debe ser compensada por el salario mínimo. La política de crédito a la producción en el sector público debe priorizar sustancialmente el crédito asociativo a la economía popular, como vector de la reactivación económica. Hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión El turismo internacional se ha convertido en un gran generador económico de la transición hacia la descarbonización. Hay que duplicar el impulso.
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Hay que expedir de emergencia la solución a miles de proyectos de energías limpias represados; el cambio de la fórmula debe hacerse en función de bajar sustancialmente las tarifas y sin trampas. Bajar a sus costos reales, las tarifas de energía eléctrica, es un gran reactivador económico. La organización popular debe pasar a ser la gran contratista del estado bajo la forma del principio constitucional de la democracia participativa. El cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al comportamiento de dichas fuerzas en la votación por la ley de financiamiento.
El anuncio de Petro surge en un momento clave, mientras el Gobierno, empresarios y sindicatos se encuentran negociando el incremento del salario mínimo para el próximo año. De no lograrse un consenso, el Gobierno Nacional tendría la última palabra en la decisión, lo que podría convertir este tema en un foco de tensión política y social.
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