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El reciente anuncio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de suspender provisionalmente la ejecución del laudo que condenaba a Colombia al pago de 379 millones de dólares a Telefónica marca un giro temporal en este controvertido caso. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado logró un respiro en la disputa internacional, aunque el camino hacia la anulación definitiva del fallo sigue siendo incierto.
En declaraciones a Blu Radio, Yebrail Haddad, director de defensa jurídica internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó que la solicitud de anulación del laudo fue presentada el pasado 27 de noviembre, junto con una petición de suspensión provisional. Esta última fue aceptada el 6 de diciembre, paralizando temporalmente cualquier proceso de ejecución.
“La suspensión evita que Telefónica pueda iniciar un proceso para cobrar los 379 millones de dólares más intereses y costas, que suman alrededor de 450 millones de dólares. Esto representa un alivio inmediato para Colombia”, aseguró Haddad. Sin embargo, enfatizó que esta decisión no es definitiva y dependerá de la constitución de un comité ad hoc, encargado de evaluar las causales de anulación.
El proceso de anulación en el CIADI no cuenta con una segunda instancia o apelación, pero sí permite la creación de un comité ad hoc que evalúe las irregularidades del fallo. Este comité, compuesto por árbitros imparciales elegidos por las partes, tendrá la tarea de decidir si se anula o no el laudo.
“El comité no revisa el fondo del caso, sino si hubo errores procedimentales o falta de motivación en la decisión inicial”, explicó Haddad. Según las reglas del CIADI, las partes deben acordar condiciones para elegir a los árbitros, lo que puede tomar hasta seis meses. Haddad aclaró que Colombia exigirá que el proceso sea en español y que los árbitros no tengan relación directa con las partes implicadas.
En caso de anulación, “el escenario retrotraería todo al punto inicial, como si el laudo nunca hubiera existido. Sin embargo, esto también abre la posibilidad de que Telefónica pueda reiniciar el proceso arbitral”, advirtió.
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Uno de los puntos más polémicos del caso Telefónica es que se basa en circunstancias similares a las del litigio con América Móvil, en el que el CIADI falló a favor de Colombia. Ambos casos están relacionados con la reversión de activos tras la terminación de contratos de telecomunicaciones.
“En el caso de Telefónica, el tribunal consideró que Colombia violó el estándar de trato justo y equitativo. No obstante, creemos que esta conclusión carece de justificación. Varios argumentos de Colombia fueron ignorados, y el tribunal demoró tres años en emitir una decisión, generando incluso intereses adicionales por su mora”, denunció Haddad.
Este contraste entre los fallos ha sido un punto clave en la defensa de Colombia, que busca demostrar que el laudo contra Telefónica es inconsistente y carece de fundamento jurídico sólido.
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La controversia también ha reavivado el debate sobre la participación de Colombia en organismos internacionales como el CIADI. En su momento, el presidente Gustavo Petro criticó los fallos adversos contra el país y sugirió reevaluar la permanencia de Colombia en estos mecanismos. Sin embargo, paradójicamente, esta vez el CIADI concedió la razón a Colombia en la suspensión provisional del laudo.
“El Gobierno colombiano ha sido crítico con el CIADI, pero esta decisión muestra que el sistema puede favorecer a los Estados cuando se presentan argumentos sólidos. No obstante, el proceso para alcanzar una resolución definitiva será largo y complejo”, concluyó Haddad.
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