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La reciente aprobación de la reforma al Sistema General de Participación en Colombia ha generado un intenso debate entre economistas y académicos. El profesor y economista de la Universidad de Los Andes Francisco Azuero destacó la urgencia de abordar los desafíos que esta reforma y el impacto que tendrá en las regiones del país.
En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Azuero compartió su crítica a la falta de consideración de las propuestas de modificación que fueron sugeridas durante la discusión de la ley. Específicamente, se refirió al proceso legislativo, señalando que muchas de las sugerencias emitidas por él y otros economistas no fueron tenidas en cuenta.
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"No estoy contento y yo creo que es un sentimiento que compartimos con muchos de los que criticamos el acto legislativo en el estado en que estaba. Sugerimos cambios, sugerimos algunas modificaciones en una reunión que tuvimos la semana pasada con el ministro Cristo, pero absolutamente ninguna de esas modificaciones, de esas propuestas, se tuvo en cuenta", sentenció.
Azuero propuso que se debería aprobar competencias cuantificadas de manera gradual, con el adecuado respaldo de la ley de competencias. Esto permitiría una transición más estable y controlada, evitando cualquier déficit que afecte la estabilidad fiscal del país, según dijo.
"Una de las propuestas que hicimos en la reunión que tuvimos con el ministro Cristo es por qué no aprueba un par y paso, competencias que se vayan trasladando cuantificadas, recursos que se van trasladando a las regiones. Inclusive, si ustedes creen que el efecto fiscal es neutro, nosotros realmente dudamos eso de que el efecto fiscal sea neutro, pues inclusive podrían hacerlo no en los 12 años que está planteado en el acto legislativo, sino muchísimo menos", añadió.
Uno de los principales argumentos a favor de la reforma es la promesa de un giro más directo de los recursos a las regiones, lo que debería reducir la burocracia y permitir que alcaldes y gobernadores ejecuten proyectos críticos. Sin embargo, Azuero cuestionó la efectividad de esta premisa.
"Existe una gran inquietud porque es claro que para que comience a operar el traslado de recursos debe haberse aprobado la ley de competencias, pero qué pasa si el costo de las competencias que se traslada, es decir, el ahorro que tendría el Gobierno nacional, resulta ser bastante inferior al monto de los recursos que salen del Gobierno nacional y va para departamentos y municipios. Ahí es donde se abriría un hueco fiscal enorme. Entonces, esa pregunta nunca la respondieron", afirmó.
El profesor Azuero también planteó la necesidad de clarificar cuáles son las entidades que se reorganizarán y qué leyes se modificarán para tener un laboratorio más adecuado entre lo local y lo nacional.
Sobre el modelo actual de distribución de recursos, subrayó que el centralismo ha demostrado ser insuficiente. El desafío, según su visión, radica en encontrar un equilibrio que permita a las gobernaciones y municipios manejar recursos de manera efectiva.Escuche la entrevista completa aquí:
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