Gremios aseguran que afrontar el recaudo tributario afecta la inversión y el empleo formal

Hay incertidumbre de las consecuencias que pueda generar la entrada en vigencia del decreto 0572 del Ministerio de Hacienda con el que se adelantaría el cobro tributario del 2026. Desde las empresas, asociaciones y gremios aseguran que esto generaría retraso e inoperatividad de las empresas del país. Entre tanto, también dejan en claro que esto vulnera la seguridad jurídica para la planificación de las inversiones.Para Aliadas, la alianza de asociaciones y empresas, la decisión pone en riesgo el empleo formal y la seguridad en las inversiones en las empresas del país. "Modificar las reglas tributarias a mitad del año fiscal deteriora el clima de inversión, especialmente en sectores estratégicos como energía, construcción, recursos naturales y servicios públicos No se trata solo de empresas: millones de trabajadores, proveedores y emprendedores también verán comprometida su capacidad de operar, pagar nóminas y sostener proyectos viables", indicaron.Por otro lado, desde Camacol, el gremio de la construcción en el país, asegura que La nueva norma incrementa la autorretención del impuesto de renta del 1,1 % al 3,5 %, y establece una mayor retención para la venta de viviendas cuyo valor supere las 10.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $498 millones.El presidente del gremio, Guillermo Herrera, aseguró que esto afecta la clase media del país, que representa el 40% de las ventas del sector. Además, asegura que para el 2024 se registró una caída del 7 % con respecto al 2023 y del -28 % con respecto al 2022. “Estamos hablando de un mercado que le aporta 17 billones de pesos a la economía. Limitar su recuperación es poner en riesgo un motor clave del crecimiento económico y con ello seguir las fuentes ingresos de la Nación”.Entre tanto, desde Aliadas y Camacol le piden al gobierno derogar el decreto, pero así mismo garantizar el entorno fiscal y coherente en el país para reactivar la economía, ya que este decreto genera más incertidumbre, debilitando la confianza del sector privado en el país.