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El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, se declaró a favor de la libre comercialización del aguardiente en Colombia, en medio del debate sobre los monopolios rentísticos, que, en pocas palabras, prohíben la venta de licores producidos en unos departamentos en otras regiones del país.
El gobernador dijo en Mañanas Blu que “no es lógico que, en Bogotá, por ejemplo, se pueda conseguir whisky, sake o tequila de cualquier parte del mundo y no se pueda consumir Aguardiente Amarillo de Caldas".
"No podemos obligar a la población a tomar el aguardiente que el Estado disponga. Los ciudadanos deberían tener la capacidad de elegir libremente", dijo el gobernador.
La controversia gira en torno al artículo 28 de la ley 1816 de 2016, que otorga a los gobernadores el monopolio sobre la producción y comercialización de aguardientes en sus respectivos departamentos.
“Estamos abogando por una comercialización libre de los productos de las licoreras, específicamente del aguardiente y específicamente del Aguardiente Amarillo. Nosotros en Caldas nunca hemos tenido, nunca hemos utilizado salvaguardas, esa prohibición a la llegada de licores de otros departamentos y nos va bien. Ahora el 90 % de nuestros licores son vendidos fuera del departamento de Caldas”, dijo.
Mientras algunos gobernadores defienden esta normativa por su contribución a las finanzas locales, Gutiérrez aboga por una mayor apertura en el mercado. Para él, la regulación actual limita el a un producto que es parte de la identidad cultural colombiana.
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El debate entre los gobernadores se ha intensificado, con voces disonantes que reflejan las diferentes realidades económicas de cada región. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, argumentó que la eliminación del monopolio podría perjudicar a su departamento.
Necesitamos estos recursos para mantener nuestra infraestructura y programas de salud y educación
Según Toro, el Aguardiente del Valle ha visto un crecimiento en su producción y ventas, gracias a las políticas de salvaguarda que han protegido a su industria.
"Si se elimina el monopolio, podría generarse una pérdida de casi 2000 empleos entre directos e indirectos en nuestra región", advirtió Toro, tras resaltar la importancia de la industria local en el sostenimiento de la economía departamental. Su postura se apoya en la necesidad de preservar las rentas generadas por la venta de licores, que son esenciales para financiar diversos programas sociales.
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La Corte Constitucionalse encuentra en una encrucijada, enfrentando el dilema de equilibrar el derecho de los consumidores a elegir su bebida preferida con el derecho de los departamentos a mantener su monopolio y los ingresos que este genera. Durante la audiencia, se destacó que el monopolio no solo afecta la libre competencia, sino que también tiene implicaciones en la salud pública y en la educación, dado que muchas de las rentas generadas se destinan a estos sectores.
Este sentimiento de libertad y autonomía está en el corazón del debate sobre el monopolio de licores, lo que podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se regula esta industria en el país.
A medida que las audiencias continúan, queda claro que el desenlace de este conflicto no solo afectará a los gobernadores y a las industrias de licores, sino también a los consumidores colombianos, quienes buscan a una variedad más amplia de productos.
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