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Tras la aprobación de la reforma pensional surgieron una serie de cambios que le dieron un giro de 180 grados a la manera en que funciona el sistema de pensiones actualmente en Colombia, bajo la Ley 797 de 2003.
La reforma establece un modelo basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario. En cuanto al pilar solidario, este brinda una renta básica a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad y a ciertos adultos mayores y personas con discapacidad.
Por otro lado, el pilar semicontributivo otorga una renta vitalicia a quienes no lograron pensionarse, pero tienen semanas cotizadas o ahorros en fondos de pensiones; el pilar contributivo, en el cual las cotizaciones hasta 2,3 salarios mínimos se destinan a Colpensiones y el excedente a fondos privados, garantizando una pensión integral.
Por último, el pilar de ahorro voluntario permite a quienes tienen capacidad de ahorro mejorar su pensión, sin ser afectado por los cambios de la reforma.
Así las cosas, ahora todos los colombianos pasarán a cotizar al fondo público Colpensiones, teniendo en cuenta que el documento aprobado establece este cambio para quienes ganan menos de 2,3 salarios mínimo, y quienes cuenten con un salario mayor a ese valor cotizarán el excedente en un fondo privado a su elección.
Es así como a partir del 1 de julio de 2025, quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos, que teniendo en cuenta su valor a 2024 equivalen a un total de 2'990.000 pesos, deberán cotizar su pensión exclusivamente en Colpensiones, lo que significa que no podrán optar por afiliarse a un fondo de pensiones privado, ya que sus aportes estarán destinados al sistema público.
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Respecto a los trabajadores que sobrepasen el umbral de los 2,3 salarios mínimos, el nuevo modelo permitirá una combinación: las cotizaciones hasta los 2,3 salarios mínimos irán a Colpensiones, y el excedente se destinará a un fondo privado que quedará a elección del cotizante.
De esta manera, con el nuevo modelo se busca garantizar una mayor cobertura y estabilidad para los trabajadores de menores ingresos, especialmente aquellos que ganan hasta un salario mínimo, quienes verán cambios significativos en la forma de gestionar sus aportes para la jubilación, según lo propuesto por el Gobierno.
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