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Este martes llegó a Bucaramanga una comisión especial de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de la magistrada Cristina Lombana, para escuchar los testimonios de 15 personas dentro de un proceso de investigación que se adelanta contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y la exsenadora por el desaparecido partido político PIN, Doris Vega, por presuntos nexos con grupos paramilitares entre 2009 y 2010.
Según documentos obtenidos en primicia por Blu Radio, la investigación contra Mauricio Aguilar y Doris Vega se inició por varias denuncias y pruebas que los señalan de, presuntamente, recibir el apoyo de grupos paramilitares para favorecerse en las elecciones al Congreso de la República en 2010.
“De manera atenta y conformidad a lo ordenado en auto de fecha 30 de junio de la anualidad que avanza, proferido por la honorable magistrada Cristina Lombana Velásquez, dentro de la actuación adelantada en contra de los exsenadores Doris Clemencia Vega Quiroz y Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, me permito informarle que se ordenó escuchar su declaración el próximo 18 de julio”, se lee en la carta de citación a uno de los testigos claves.
Los testimonios que este martes son escuchados por la Corte Suprema de Justicia son claves para avanzar en la investigación contra el actual gobernador de Santander e hijo del condenado por parapolítica, Hugo Aguilar.
En septiembre del 2022, Hugo Aguilar confesó ante la Comisión de la Verdad que recibió el apoyo de las autodefensas.
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“Cometí uno de los peores errores de mi vida que no me deja vivir en paz como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia a través del constreñimiento al elector. Recibí el apoyo para la elección como gobernador de Santander", dijo Hugo Aguilar.
Doris Vega, exsenadora del partido PIN, es la esposa del también condenado por parapolítica Luis Alberto Gil Castillo.
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Luis Alberto ‘Tuerto’ Gil fue sancionado por Estados Unidos, en 2022, por recibir dineros del paramilitarismo. Según el Departamento de Estado, el excongresista (entre 2002 y 2007) aceptó sobornos de grupos paramilitares a cambio de ejercer su influencia política a su favor ante las autoridades colombianas. En la sanción, de no poder ingresar a ese país, también fue incluida su esposa, la senadora Doris Vega.
"Además, Gil Castillo luego intentó sobornar a un testigo en un caso penal en su contra. Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Colombia y la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen transnacional y el terrorismo” señaló a través de un comunicado de prensa el gobierno de los Estados Unidos.
A la citación de la Corte Suprema de Justicia no asistieron Mauricio Aguilar ni Doris Vega, sin embargo, en su representación estuvieron los abogados David Leonardo Pardo y Ricardo Cifuentes, respectivamente.
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