Líderes y vecinos del río Anchicayá, ubicado en el departamento de Valle del Cauca, se plantaron frente al Ministerio de Ambiente de Colombia para recordarle al país que tiene una deuda con ellos y no dejar en el olvido los 21 años de sentencia incumplida por la empresa dueña de la hidroeléctrica que con un vertido tóxico alteró para siempre sus vidas y la del afluente.
En 2001, la empresa española Naturgy, propietaria de la hidroeléctrica de Anchicayá, en Buenaventura, abrió las compuertas de la presa inundando con 500.000 metros cúbicos de "lodo putrefacto" las fincas y el río. Tras una denuncia colectiva de la comunidad, la justicia colombiana condenó a Naturgy por acción y al Estado colombiano por omisión.
Sin embargo, luego de la sentencia por el ecocidio, Naturgy vendió la central a la colombiana Celsia, que apeló la sentencia entrando en un ir y venir jurídico que se ha alargado por años sin su cumplimiento. Más de dos décadas después del desastre el río no ha sido recuperado ni las víctimas han sido indemnizadas.
Acompañados de la marimba y los instrumentos que hacen sonar el inconfundible ritmo del Pacífico colombiano, la treintena de vecinos que se desplazó hasta la capital del país entonaron "defendamos nuestro Anchicayá" y denunciaron que "acabaron los pescados de nuestro Anchicayá".
"Y quién fue que los mató, la Epsa -en referencia a Celsia- los mató", entonaron sin miedo a culpar a los responsables de un desastre ecológico que acabó con la vida del río. El vertido mató "a los peces, a las pianguas y las piangüeras se quedaron sin trabajo, el río fue totalmente dañado ecológicamente", cuenta Flavia Rentería, una de las mujeres que lleva décadas luchando por una justicia para el río Anchicayá.
El caso se encuentra en las más altas instancias jurídicas del país, la comunidad pidió a la Corte Constitucional reactivar la sentencia de 2001 que ordenaba las reparaciones, y también está a la espera del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero ante la inacción de la justicia y de las autoridades decidieron entregarle al Ministerio de Ambiente y a la Corte Constitucional una petición para reactivar el caso de una "represa que debe estar ya desmantelada", explica a EFE Silvano, uno de los líderes que viajó en representación de la comunidad a Bogotá.
"El río Anchicayá ya no se ha recuperado y ahora con las inclemencias que estamos viviendo por el invierno tan crudo que tenemos en Colombia" la situación está empeorando para la comunidad. Además, aún queda parte del sedimento de ese vertido en la actualidad.
La comunidad de Anchicayá, además de exigir una compensación efectiva, también solicitó que se declare a su río y afluentes como sujeto de derecho, una figura que solo tiene en la actualidad el río Atrato, algo que permitiría adoptar más medidas efectivas para su protección y recuperación.
Al respecto, Celsia Colombia emitió un comunicado en el que afirman que, desde el 22 de marzo de 2022, pagaron la parte de la indemnización a las comunidades de Anchicayá que les correspondía, cumpliendo un fallo del Consejo de Estado.
Estos recursos, según Celsia, fueron consignados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos istrado por la Defensoría del Pueblo.
"Celsia Colombia (antes Epsa), al igual que las comunidades, está interesada en que el proceso finiquite y que las comunidades reciban las indemnizaciones correspondientes, y por tanto solicita respetuosamente a la Defensoría iniciar las gestiones para entregar los recursos a los beneficiarios", dice el comunicado.
Por otro lado, Celsia recalcó que no es cierto que el río esté "muerto" ni que la represa esté en malas condiciones, desmintiendo versiones de algunos integrantes de la protesta. Además, resaltaron que el hábitat del Bajo Anchicayá goza de gran biodiversidad y que la hidroeléctrica opera en total cumplimiento con la normatividad vigente y bajo la supervisión de la autoridad competente, garantizando la protección del entorno y el respeto por la naturaleza.
También, afirmaron que el muro de la presa se encuentra en óptimas condiciones y que incluso ya entregaron un dictamen pericial a la Corte Constitucional realizado por una de las principales autoridades en seguridad de presas del mundo.
Por último, desde Celsia reafirmaron su compromiso en la comunicación directa con las comunidades, recordando que es un camino en el que llevan nueve años, realizando una gran inversión en la zona, que ha beneficiado en materia de salud, vial y educativa a los habitantes de la región.
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