En medio del escándalo por sobrecostos que sacude a Emcali, la Procuraduría revela hoy una dramática radiografía de la contratación de la alcaldía de la capital del Valle bajo el mandato de Jorge Iván Ospina, es decir, entre 2020 y lo que va corrido de 2022.
Entre los temas que más preocupan a los investigadores están el alto porcentaje de contratación directa, principalmente contratos por prestación de servicios, la concentración de contratos en algunas firmas específicas y la muy baja ejecución de recursos solicitados vía empréstito por más de 625.000 millones de pesosa los bancos para ejecutar proyectos que ni siquiera están etapa de diseños.
Contratación directa
Según el análisis de la Procuraduría, el 57 por ciento del total de negocios celebrados por la alcaldía de Cali en este periodo corresponden a la modalidad de contratación directa, con un total de 75.509 contratos por un valor superior a los 2.8 billones de pesos.
De acuerdo con la ley, la contratación directa debe ser excepcional, por eso hoy el alcalde Jorge Iván Ospina tendrá que explicar por qué la alcaldía de Cali ha acudido de manera mayoritaria a ese tipo de contratación, entre otras cosas porque en el mismo periodo, la ciudad solamente ha adelantado 108 licitaciones públicas, por un valor de 578 mil millones de pesos, apenas el 20 por ciento del total de lo que se ha asignado vía contratación directa.
En el caso de 2021, la alcaldía de Cali celebró 27.044 contratos, de los cuales 25.624 corresponden a servicios de recursos humanos, es decir que el 95 por ciento del total de contratos celebrados por la alcaldía ese año, fueron para satisfacer necesidades de personal.
Pero la investigación fue más allá y encontró que el 85% de los 25.624 contratos comparten objetos contractuales que son muy parecidos entre sí: “Prestar los servicios profesionales con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas por la Unidad Especial de Gestión de Bienes y Servicios, teniendo como fuente de financiación Honorarios”.
La Procuraduría hace una especial advertencia en la contratación de 2021, año en el que un billón y medio de pesos se contrataron de manera directa, mientras que apenas 437 mil millones de pesos fueron contratados mediante un proceso competitivo.
Concentración de contratos
La Procuraduría hizo el análisis de los principales contratistas de la alcaldía de Cali e hizo una advertencia sobre una firma que se ha ganado 1.176 contratos de un total de 2.230, es decir, concentra la mitad de la contratación de la capital del Valle del Cauca por 133.000 millones de pesos.
Se trata de la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente Agesoc, sobre la que la Procuraduría advierte que resulta atípico que una asociación de esta naturaleza y con otros objetivos ejecute recursos por esa cuantía.
También llama la atención del ente de control la contratación de una comisión arquidiocesana con $98.891 millones y varias fundaciones con contratos sumados por más de $83.050 millones, sin que se conozcan la experiencia e idoneidad de estas entidades para ejecutar un presupuesto tan alto para el Distrito y sin que hayan estado sujetos a procesos competitivos.
Para la Procuraduría los indicadores de falta de transparencia frente a la contratación de la alcaldía de Cali y de anomalías en procesos de contratación son altos, por lo que insta a las autoridades de la capital del Valle del Cauca a que tomen las medidas correspondientes para subsanarlos.
Emcali
La Procuraduría encontró que la alcaldía de Cali celebró 18 convenios o contratos interistrativos con Emcali, varios de ellos, según dice, podrían haberse adjudicado por medio de licitación pública o de otro proceso competitivo.
Se hace énfasis en un contrato interistrativo para “la prestación del servicio de internet por medio de tecnología de fibra óptica radio enlace xDSL redes de fijo inalámbrico distribuido en enlaces de para estudiantes de las instituciones educativas de Santiago de Cali”, celebrado entre Emcali y la Secretaría de Educación por 1.630 millones de pesos, en donde la Procuraduría advierte que debió haberse entregado por medio de un proceso competitivo, por más que exista una justificación legal para la celebración directa del negocio.
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