“Petro dijo a Antonio Correa que no le interesa la laboral, sino consulta popular”: Alexander Vega
Para Alexander Vega, la decisión de convocar una consulta popular por decreto no solo es inconstitucional, sino que busca provocar un choque con la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, generando una crisis institucional sin precedentes.
En un tono de alta preocupación por la estabilidad democrática del país, el exregistrador nacional y codirector del Partido de la U, Alexander Vega, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que el presidente Gustavo Petro no tiene interés en sacar adelante la reforma laboral, sino en utilizar una consulta popular convocada por decreto para generar un enfrentamiento con las altas cortes.
“Lo que quiere el presidente es pelear con las cortes y decir que le bloquean institucionalmente”, denunció Vega.
Según el exfuncionario, el mandatario colombiano habría manifestado directamente al senador Antonio Correa —miembro de la bancada gobiernista— que ya no le interesa la reforma laboral.
“Yo quiero es mi consulta popular”, habría dicho Petro durante una conversación telefónica mientras se encontraba en China, en respuesta al anuncio de que la bancada reviviría la apelación del proyecto laboral en el Congreso.
¿Una estrategia para confrontar la institucionalidad?
Para Alexander Vega, la decisión de convocar una consulta popular por decreto no solo es inconstitucional, sino que busca provocar un choque con la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, generando una crisis institucional sin precedentes.
Hay que preguntarse por qué lo hace, sabiendo que sería abiertamente ilegal e inconstitucional. Lo que parece es que está buscando deliberadamente que la Corte le tumbe el decreto
señaló el exregistrador.
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Vega afirmó que, incluso en un escenario hipotético en el que el presidente expida un decreto para convocar a una consulta, la Registraduría Nacional no podría proceder con el calendario electoral, ya que uno de los requisitos legales es el concepto favorable del Senado. En ausencia de este requisito, ningún registrador —ni el actual ni él en su momento— podría avanzar con la convocatoria.
Gustavo Petro en alocución. Anunció consulta popular por decreto
Foto: Presidencia
¿Qué hará la Registraduría con la consulta popular?
Alexander Vega recordó que la Registraduría está obligada a cumplir la ley y que no hay margen de discrecionalidad en estos procedimientos.
“Lo primero que tiene que hacer cualquier registrador es verificar los requisitos. Y en este caso, falta el concepto favorable del Senado. La Registraduría tendría que devolverle el decreto al presidente”, explicó.
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El exregistrador alertó que el gobierno estaría creando un “limbo jurídico” para generar una percepción de bloqueo institucional. Recordó también que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya itió el acto istrativo del Congreso como válido y que el presidente, al desconocerlo, estaría enfrentando abiertamente a la jurisdicción electoral.
¿La reforma laboral ya no es prioridad para el Gobierno?
Durante la entrevista, Vega ofreció detalles de una reunión de bancada del Partido de la U, en la que se planteó revivir la apelación de la reforma laboral como una salida institucional. Sin embargo, esa decisión fue recibida con indiferencia por parte del presidente Petro, quien, según Vega, prioriza su consulta por encima de los derechos laborales.
“Lo que quiero decirle a los trabajadores es claro: el presidente no quiere ayudarles. Lo único que quería era la consulta”, subrayó. La reforma laboral, que incluye propuestas clave como la devolución de las horas extras, recargos dominicales y mejoras en la estabilidad laboral, ha sido impulsada por sectores del Congreso, incluso sin el respaldo activo del Ejecutivo.
Para Vega, la intención de Petro es clara: abrir un nuevo frente de confrontación, esta vez con la rama judicial, luego de choques con el Congreso, los mandatarios locales y varios sectores del país.
“Solo le falta pelear con las cortes para decir que tiene un bloqueo institucional”, advirtió.
El exregistrador también cuestionó la participación de reconocidos juristas como el exfiscal Eduardo Montealegre y el abogado Vargas Silva, quienes estarían justificando jurídicamente la maniobra presidencial. “No se entiende por qué abogados de esa talla quieren llevar al presidente a ese escenario, o si es él mismo quien está trazando esta estrategia”, reflexionó.
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