El presidente de la Asamblea de Bolívar, José Félix García Turbay, se pronunció ante las fuertes críticas que ha recibido esta corporación por la aprobación del proyecto de ordenanza que autoriza al gobierno departamental a cobrar un impuesto de seguridad y convivencia a través de la factura de energía.
El diputado aseguró que el proyecto "no ha sido leído ni interpretado de manera correcta" y que este impuesto se cobra desde hace varios años en departamentos como Atlántico, Magdalena y Valle del Cauca, con resultados muy positivos.
También señaló que esta sobretasa de seguridad impactará a un mínimo de s del servicio de energía, ya que se aplicará a partir del estrato 3, quienes pagarían cerca de 6 mil pesos.
Esta tasa no va dirigida a afectar los bolsillos de la gente más humilde en temas económicos. Es una tasa que no busca perjudicar, sino servir a una sociedad afectada por el consumo de drogas y la inseguridad
dijo en diálogo con BLU Radio.
García Turbay indicó que los cerca de 40 mil millones de pesos que se buscan recaudar anualmente se invertirán en mejorar las condiciones de seguridad en las poblaciones más afectadas en Bolívar.
"La ordenanza es clara: los recursos se invertirán en vigilancia, seguridad de los espacios recreativos y en la creación de espacios distintos en sectores donde la delincuencia es prevalente debido a la falta de alumbrado público, por ejemplo. La ordenanza busca generar tranquilidad en lugares donde la seguridad de los bolivarenses está realmente afectada", puntualizó.
Para el presidente de la Asamblea de Bolívar, ante los alarmantes índices de inseguridad y fenómenos como la extorsión, el microtráfico y la expansión de los grupos armados, este proyecto será la principal herramienta de trabajo del próximo gobierno departamental.
"Esta tasa será la herramienta más importante del próximo gobernador para combatir la inseguridad. Es una ordenanza que le brindará tranquilidad a nuestros municipios. El costo/beneficio para los s de energía del departamento es mínimo", agregó.
El cobro de este impuesto ha generado diversas voces de rechazo en todo el departamento de Bolívar, especialmente en la ciudad de Cartagena. Gremios, s y hasta la empresa de energía Afinia han mostrado sus reparos frente a la aprobación del proyecto, argumentando que afectaría aún más el bolsillo de los s ya impactados por los altos costos de las tarifas de energía.
La Asamblea de Bolívar aprobó el pasado 8 de diciembre en segundo debate el cobro de este impuesto, que se aplicaría a s a partir del estrato 3 en todos los municipios del departamento. Estarían exentas instituciones oficiales de educación, instituciones prestadoras de salud y comercios con un consumo menor a 2.000 KWH. Se pretende recaudar 42 mil millones de pesos anuales destinados al Fondo de Seguridad Departamental.
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