La Asamblea de Bolívar aprobó este fin de semana en segundo debate un proyecto de ordenanza a través del cual la Gobernación de Bolívar busca cobrar un impuesto por seguridad y convivencia vía la factura de energía.
Se trata de un impuesto de seguridad que sería cobrado a partir del estrato 3 en todos los municipios del departamento, y del que estarían exentos instituciones oficiales de educación, instituciones prestadoras de salud y comercios con consumo menor a 2.000 KWH; y con el que se pretende recaudar 42 mil millones de pesos anuales destinados al Fondo de Seguridad Departamental.
El director de seguridad y convivencia de la Gobernación de Bolívar, César Sotomayor, explicó que los recursos que se destinan actualmente para seguridad en el departamento son insuficientes, especialmente por las características geográficas del mismo, que exigen la presencia de mayor fuerza militar y fuerza pública.
Sotomayor aseguró que actualmente los recursos del Fondo de Seguridad son alrededor de 5 mil millones de pesos que no alcanzan para apoyar las capacidades de los tres comandos de Policía que funcionan en el departamento; y el desarrollo de las actividades de la Armada Nacional, Ejército, Fiscalía, Migración Colombia y UNP.
Si hacemos un análisis y comenzamos a ubicar a cada una de estas entidades, nos damos cuenta de que estos recursos que manejamos hoy son insuficientes, donde un vehículo, un camión de transporte de personal, puede estar entre los 400 y 500 millones de pesos, un bote táctico militarizado vale mil millones de pesos, entonces nos damos cuenta de que la incapacidad del fondo es palpable, y se hace necesario que a través de esta tarifa tengamos la posibilidad de impactar de forma directa el apoyo a estas unidades que realizan sus actividades de control y orden público en todo el departamento
dijo en diálogo con Blu Radio.
El director de Seguridad y Convivencia de Bolívar dijo además que estos recursos impactarán principalmente a las zonas rurales más apartadas donde la presencia de la Fuerza Pública es limitada.
“La Gobernación de Bolívar pretende adquirir sistema de videovigilancia, alumbrado público para estas zonas que tradicionalmente son inseguras, dotar a la fuerza pública con las capacidades técnicas que se requieren y fomentar en la ciudadanía a través de actividades de prevención una convivencia sana”, agregó.
De acuerdo con el proyecto, el estrato 3 pagaría 5.937 pesos adicionales en la factura; al estrato 4 le correspondería 12.299 pesos; en el estrato 5 el aumento sería de 22.478 pesos, mientras que el 6 pagaría 39.443 pesos.
Una vez se conoció este proyecto y su inminente aprobación, las voces de rechazo no se hicieron esperar desde varios sectores, principalmente por estar incluido en la tarifa de energía.
Para el Consejo Gremial de Bolívar, el cobro de este nuevo impuesto no solo es inconveniente por el alto costo que ya pagan los bolivarenses en materia de energía, sino que se estaría enviando un mal mensaje al Gobierno nacional.
“La región Caribe ya tiene tarifas de energía bastante altas, y lo que tenemos que buscar es que se disminuya el costo de la energía, sería un mal mensaje aprobar este impuesto en este momento cuando le estamos pidiendo al Gobierno nacional algunos mecanismos e instrumentos para lograr esa disminución, y estamos poniéndole nuevas tasas a este servicio”, puntualizó Oliveros.
Entretanto, el presidente del Consejo Gremial también cuestionó la rapidez con la que se aprobó este proyecto de ordenanza.
“También hay un elemento de forma y es todo este proceso fue exprés, en menos de una semana se hicieron los dos debates, y hubo muy poca divulgación, de hecho no hubo reunión con representantes de los gremios ni con representantes de los s de los servicios públicos, y esto es muy importante porque aquí se está afectando el costo de vida de los y las bolivarenses, por lo tanto esto nos llama a pedir que la Asamblea tenga mecanismos de participación ciudadana como ya los tiene el Concejo, y en ese sentido pedimos audiencias públicas para los proyectos de ordenanzas más importantes”, precisó.
El alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, también se pronunció, y través de su cuenta de Twitter dijo que este impuesto es inconveniente e inoportuno.
“Respeto la autonomía de la Asamblea de Bolívar y del Gobernador Vicente Blel pero como alcalde electo de Cartagena insisto en rechazar el cobro de esta "Tasa Especial de Seguridad y Convivencia", que también toca el bolsillo de los cartageneros. Es inoportuna, inconveniente y hasta desconsiderada, pues se cobra vía recibo de Afinia que ya es bastante caro. Más bien invito a la bancada bolivarense y al gobernador Yamil Arana a unirse a la cruzada #TarifasJustasParaElCaribe”, escribió.
Tras su aprobación en la Asamblea de Bolívar, el proyecto debe ser sancionado por el gobernador Vicente Blel para entrar en vigencia a partir del 2024.
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