Como un “respeto por las prácticas culturales” catalogan los galleros del Atlántico el hundimiento del proyecto de ley que buscaba prohibir los espectáculos que involucraran animales —como las peleas de gallo— asegurando que, con esta decisión del Congreso, no solo se respetaba el arraigo cultural sino, además, el sustento económico para cientos de familias.
Hugo García es miembro de la Junta Directiva de la Federación Gallística Colombiana, quien asegura que con la decisión que tomó por mayorías la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes no se violaba la Constitución Política de 1991, el derecho al trabajo y a la libre expresión cultural.
”Porque, en ningún momento, ni en ningún lado de este proyecto quedaba claro cómo se iba a compensar o a reemplazar el trabajo de las cientos de familias que dependen de esta actividad económica. La mayoría de las personas que están detrás de esta actividad son mayores a los 40 años, es muy complejo poder reemplazarles algo a lo que le han dedicado toda su vida, prácticamente”.
García, además, expresa que estaban en riesgo cerca de $4.4 billones de pesos que aportan los eventos gallísticos a la economía colombiana y más de un millón de puestos de trabajo en 1.100 municipios del país que tradicionalmente llevan a cabo éstas prácticas culturales.
“Desde el inicio era un proyecto de ley muerto porque no se hizo, ni siquiera, un trabajo de campo para verificar las condiciones en las que se daban estas peleas. La senadora Andrea Padilla nunca visitó los territorios, no hubo mesa técnicas ni tampoco socialización de la misma”, expresó.
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