Mediante fallo del 30 de agosto de 2022, el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir la controversia contractual promovida por Navelena S.A.S contra Cormagdalena, denegó las pretensiones formuladas por el consorcio y sus cesionarios de derechos en el litigio, conformados por Valorcon S.A, de la familia Gerlein en Atlántico, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Participaciones E Investimentos S.A., entre otros.
Esta decisión deja sin piso las pretensiones económicas de los convocantes que ascendían a la suma de $177.778.930.531 y exime a la entidad de pagar condenas a los demandantes.
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, expresó este martes su satisfacción por el resultado del “pleito jurídico” entre Cormagdalena y el consorcio Navelena S.A.S. mediante el cual se negaron las pretensiones de los demandantes, reconociendo el trabajo adelantado por el equipo jurídico y directivo de la Corporación, que después de varios años de debate legal y probatorio, determinaron la viabilidad de liquidar el contrato.
“Se trata de un fallo histórico en el que se salvaguardaron los intereses y el patrimonio de la Nación. El Gobierno del presidente Gustavo Petro continuará trabajando por garantizar que los recursos de todos los colombianos sean protegidos, al tiempo que se garantice la ejecución de proyectos que mantengan la navegabilidad óptima del río Magdalena”, manifestó el jefe de la cartera de Transporte.
El equipo jurídico y directivo de CorMagdalena probó las excepciones de caducidad y otras relacionadas con la inexistencia del derecho sustancial que da lugar a los derechos litigiosos, la ausencia de buena fe por parte de Navelena S.A.S. en la ejecución del Contrato de APP No. 001 del 2014 y creación de obligaciones sin sustento para ser reconocidas por la entidad.
Es importante mencionar que, dentro de las razones principales para que se diera la liquidación del contrato dos años después de su adjudicación, se encontraba la gran deuda con acreedores como la Dian, Cormagdalena y aseguradoras privadas, que en su momento superaba los $80 mil millones de pesos.
La segunda tendría que ver con la crisis que se registraba en el consorcio, ya que el objeto social que, se suponía, era la recuperación del río Magdalena, desapareció debido a que el Gobierno Nacional la liquidó “sin que la obra tuviera algún avance”.
A todo esto se le suma que, efectivamente, la decisión que tomó en su momento la Superintendencia fue radical, básicamente porque desde febrero de 2017, la Fiscalía había abierto una investigación a la empresa Odebrecht, la cual tenía una participación en este consorcio que ascendía al 87%, además de irregularidades en el crédito que el Banco Agrario le otorgó al consorcio para ponerse al día con sus acreencias.
Según reveló el diario El Colombiano, en junio de 2017, la investigación adelantada por el CTI a la vicepresidente y gerente de crédito y cartera de dicho Banco, reveló que las procesadas habrían participado en la modificación de las reglas establecidas para facilitar la aprobación de un crédito de $120 mil millones de pesos a Navelena S.A.S.
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