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El Concejo de Barranquilla destapó este martes, 11 de julio, un nuevo escándalo en torno a la crisis que atraviesa Transmetro y por la que responsabilizan al actual gerente, Fernando Isaza, al punto que la corporación pidió al alcalde Jaime Pumarejo que lo retire del cargo antes de que el sistema de transporte masivo termine definitivamente en quiebra.
El inconformismo, explicó el concejal Óscar David Galán, surge a raíz de millonarios contratos firmados en medio del déficit operacional que aqueja a Transmetro y que ponen en duda el buen manejo de los recursos del sistema.
"Al doctor Isaza, que debería tener una austeridad en la gestión que realiza, se le ocurrió la brillante idea de contratar a un profesional para que preste sus servicios por la suma de 590 millones de pesos", indicó.
El concejal Galán llamó la atención en que esta “fue una contratación directa y sin convocatoria” en la que el contratista es una persona natural, abogado de profesión, pero sin título de maestría aún. Y, como si fuera poco, “al valor del contrato se suma una prima de éxito de 125 millones de pesos”.
Estos cuestionamientos fueron lanzados durante un debate de control político a Transmetro que fue citado por el Concejo y al que no asistieron ni el gerente ni los operadores del sistema, ausencia que caldeó aún más los ánimos y avivó las críticas.
Transmetro responde
En medio de toda esta polémica, Transmetro explicó que el gerente de sistema de transporte, Fernando Isaza, no asistió al debate de control político al que había sido citado en el Concejo de Barranquilla “por encontrarse en Bogotá atendiendo una citación del Ministerio de Transporte a fin de tratar diferentes temas indelegables, por lo cual había solicitado el aplazamiento o reprogramación del debate”.
En cuanto al polémico contrato firmado con un abogado, el sistema explica que este “no corresponde a un contrato de asesoría, sino de representación judicial ante el Tribunal istrativo del Atlántico, por valor de 500 millones de pesos más IVA, a fin de que se adelante la defensa de la entidad hasta la última instancia en una demanda instaurada en su contra, con pretensiones de $131.000 millones por concepto de ‘controversias contractuales’ que demanda un concesionario”.
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Igualmente, Transmetro aclara que para ello “sí se realizó una convocatoria solicitando ofertas a diferentes profesionales, tanto de Barranquilla como de Bogotá, siendo la propuesta elegida la más favorable para la defensa de los intereses de la empresa”.
Sobre el pago del contrato, Transmetro dice que este “se encuentra sujeto a la duración del proceso judicial, en todas las instancias, tanto Tribunal del Atlántico como Consejo de Estado en todas sus etapas”, y que “la duración de estos procesos pueden oscilar en un promedio de 15 años, en todas sus instancias”.
“Solo al final del proceso judicial y dependiendo del resultado de la defensa adelantada se causarán los honorarios establecidos, por lo que lo que el valor del mismo y su pago dependerá del agotamiento de etapas, sus resultados y obligándose el apoderado judicial a llevarlo hasta su fin durante todo el tiempo que dure el proceso y sus diferentes etapas”, explicó la entidad en un comunicado.
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