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Este lunes se conoció que la Alcaldía de Bogotá interpuso una demanda penal contra CGR, actual operador delrelleno Doña Juana de Bogotá, ubicado en Ciudad Bolívar, y que está en el centro de la polémica por el presunto incumplimiento del contrato inicial con el que empezó a funcionaren el 2010, en el que se estable como prioridad el tratamiento de los lixiviados y que hoy “no hay ni diseño”.
En diálogo con Mañanas Blu, Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp), mencionó que a esto se suma el hecho “inquietante” de que los accionistas mayoritarios de la empresa CGR, los Rangel Esparza, con la que tiene el litigio el Distrito, son hermanos de una de las firmes aspirantes a contralora general, María Fernanda Rangel,hoy funcionaria de la Contraloría.
“La familia Rangel Esparza, en cabeza del señor Carlos Rangel, son quienes han liderado el consorcio que ha prestado el servicio desde el 2010 hasta la fecha. María Fernanda trabaja en la Contraloría, está con Felipe Córdoba desde el inicio de su gestión y es una de las candidatas más fuertes para ser contralora”, señaló Camacho.
Sobre María Fernanda Rangel, dijo que ella se encarga de otros temas, pero “no deja de ser motivo, por lo menos de inquietud”, que sea “la hermana de los dueños de este consorcio la próxima contralora de la República”.
Detalló que actualmente tienen una auditoria abierta entre la Contraloría distrital y la general para “investigar el tema de los lixiviados y los pagos al operador”.
¿Qué originó la demanda contra el operador de Doña Juana?
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Según indicó Camacho, es una denuncia penal por tres presuntos delitos: peculado por apropiación, fraude a resolución y fraude procesal.
“El primero, peculado por apropiación, pues este operador desde el día que ganó la concesión tenía dentro de sus obligaciones implementar, mejorar y modificar el sistema de tratamiento de lixiviados, cosa que 10 años después no ha hecho; ha recibido más de 163.000 millones de pesos para ese mejoramiento y no lo ha hecho”, explicó.
En segundo, recalcó, por fraude a resolución ya que el mismo operador demandó a la Uaesp en 2017 y en 2018 la Uaesp ganó, “cuatro años después aún no se tiene ni el diseño del mejoramiento de ese sistema” de lixiviados.
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Tercero, fraude procesal porque dichos “lixiviados están contaminando el río Tunjuelo y ellos están tratando de discutir y llevar la discusión hacia otro lado, no se han hecho responsables de los temas que se deben tratar”.
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