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En 2021, 643.000 estudiantes, en su mayoría hombres que cursaban secundaria, perdieron el año en Colombia. Este es uno de los hallazgos de un análisis que realizó el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, sobre los indicadores de eficiencia educativa, entre los que están factores como la cobertura, reprobación, deserción y aprobación en los colegios, según los últimos datos (2021) reportados por el Ministerio de Educación.
Si se revisa lo que se encontró con relación a la reprobación del año escolar, en el 2021, 643.000 estudiantes perdieron el año. La mayoría de ellos son hombres que cursaban secundaria. Los estudiantes que perdieron el año estaban mayoritariamente ubicados en los departamentos de Vichada, Guainía y Chocó, mientras que Arauca, Magdalena y Cundinamarca son donde menos ocurrió.
En relación con la deserción escolar se encontró que cerca de 333.000 estudiantes desertaron del sistema educativo. Los hombres son los que más terminan dejando la educación frente a las mujeres. Esto se evidencia principalmente en los grados de sexto a noveno. Según este análisis, esto se explica porque a los hombres se les presentan más posibilidades de trabajo infantil o riesgos como el consumo de drogas, delincuencia o reclutamiento forzado.
Si se mira la situación en un mapa del país, Putumayo, Caquetá y Guainía tienen tasas de deserción más altas, mientras que Bogotá y Atlántico tienen las más bajas.
De esa manera, Guainía y Vichada se configuran como los dos departamentos con mayores tasas reprobación y deserción del país, por lo que son los lugares con mayores retos educativos como la cobertura, aprobación, reprobación y deserción de la educación básica y media.
Para los expertos es necesario revisar la situación del paso de quinto a sexto grado y de noveno a décimo grado, ya que en estos niveles es donde se presentan los peores resultados en las tasas de reprobación y deserción.
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“La deserción y la reprobación generan costos para el sistema educativo, el Estado y las familias, pues implica que los recursos invertidos, por estudiante desertor o que pierde el año escolar, deberán considerarse nuevamente en otro año escolar”, se lee en el informe.
Este análisis también hizo un cálculo de cuánto cuesta la pérdida del año escolar al Estado y a las familias y la cifra asciende 2.8 billones de pesos.
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