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La defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió un documento a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Nadia Blel, en el cual hace referencia a la reforma a la salud que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y ahora iniciará su trámite en el Senado.
Marín aclara que el sistema actual no es compatible con el goce efectivo del derecho a la salud, advirtiendo que con o sin reforma deben resolverse problemáticas del sistema. Sin embargo, también hace unas observaciones del proyecto.
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"Aunque el proyecto de ley se basa en principios constitucionales generales apropiados, no es clara la forma en que se adelantará el proceso de transición entre el sistema actual y la implementación del modelo que se adopte con la reforma. Particularmente, es necesario prever la manera en que se resolverá la dificultad crónica del flujo de recursos financieros para la operación del sistema", se lee en el documento.
Para la defensora del Pueblo es importa que se invierta más en la Atención Primaria en Salud, APS, pero también se debe tener en cuenta que la infraestructura hospitalaria es limitada, se deben mejorar las condiciones de los trabajadores del sector y, por último, la entidad pide tener en cuenta los problemas de gobernanza en algunas zonas que también generan dificultades en la prestación de los servicios.
"Desde 2010 se observa un crecimiento en las quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo, el cual se aceleró entre 2020 y 2024, período en el que se han recibido más de 130.000 quejas por vulneración del derecho a la salud. En lo corrido de 2025 se registran cerca de 5.000 quejas. De seguir esta tendencia se sobrepasarían las 34.000 quejas para finales del año. En todos los años, y particularmente en el último, se presenta un incremento asociado con la falta de oportunidad de las citas con especialistas, seguido de la falta de entrega de medicamentos", dice el concepto presentado por Marín.
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La defensora del Pueblo también aclara que es una obligación del Gobierno y el Congreso identificar los avances adquiridos por el sistema actual, con el fin de no perderlos y no retroceder. Sin embargo, también resalta algunos puntos de la iniciativa.
"La Defensoría del Pueblo considera que, en términos generales, la propuesta presentada por el Gobierno se alinea con los parámetros y principios constitucionales y sus desarrollos. De hecho, como en varias ocasiones lo han manifestado representantes del Gobierno, su propósito es desarrollar cabalmente las reglas, principios y elementos básicos del derecho fundamental a la salud. En tal sentido, el propósito básico del proyecto está orientado a establecer mecanismos y herramientas para asegurar el goce efectivo del derecho", señala el concepto.
Por otro lado, el documento explica que la transformación de las EPS en Gestoras de Salud elimina una buena parte de las responsabilidades en el aseguramiento. Además, pide que las nuevas responsabilidades queden claras para todos los actores y la ciudadanía.
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"En el proyecto de ley no queda clara a quien se traslada la función de la gestión de los recursos para garantizar que cubran todas las necesidades en cada vigencia. Dicha función es propia de un modelo de aseguramiento. Se resalta que en el nuevo modelo se puede generar un aumento del gasto, respecto del cual no queda claramente definido quién asumiría los riesgos que conlleva dicho aumento (CAPS, entidades territoriales, ADRES o Ministerio de Salud y Protección Social)", dice el concepto.
Por otro lado, la Defensoría pide que se garantice la sostenibilidad fiscal de la reforma a través de la disposición oportuna, adecuada y suficiente de los recursos.
"No están claros los mecanismos que garantizan la sostenibilidad fiscal de la reforma y, por consiguiente, del derecho a la salud. Por tal razón se propone que en el proyecto de ley se prevea que el Departamento Nacional de Planeación deberá realizar un informe que cuente con: un diagnóstico acerca del costo de la reforma propuesta y de la capacidad del Estado para asumirlo. La identificación de los mecanismos, fuentes y esquemas de financiación para el funcionamiento del nuevo sistema", señala la Defensoría.
Una de las dudas de la entidad tiene que ver con los dos años establecidos para la transición, pues la Defensoría se pregunta si son suficientes para poder hacer un cambio sin poner en riesgo la prestación y la calidad de los servicios.
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"La Defensoría del Pueblo quiere enviar un mensaje al Gobierno y al Congreso de la República en el evento de que se decida no aprobar la reforma del sistema de salud: es absolutamente imperioso y urgente que se adopten las medidas adecuadas y necesarias orientadas a mejorar el sistema de salud existente. En especial, es necesario abordar las tensiones asociadas a la financiación y la sostenibilidad fiscal del sistema", concluye Marín en el documento.
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