La Andi está señalando las posibles responsabilidades del Gobierno nacional en la crisis del sistema de salud que llevó a la intervención por parte del Estado de la EPS Sanitas debido a su negativa a impulsar un plan de salvamento que permita el funcionamiento del actual sistema.
Sanitas, con 5.7 millones de afiliados, entró a la lista de las EPS intervenidas que hoy están bajo la tutela del Gobierno, quien nombra un agente interventor a través de la Superintendencia de Salud. Según la Superintendencia de Salud, Sanitas incumplió las normas de funcionamiento que incluyen, entre otras, un respaldo patrimonial.
"Se hizo un llamado a poner en marcha un plan de salvamento del sector salud que garantizara el correcto funcionamiento de todos sus agentes y la atención de los pacientes, el cual fue repetidamente ignorado por el Ministerio de Salud y la Superintendencia. A su vez, la Andi advirtió que sí era previsible y que, si no se ponía en marcha un programa de esta naturaleza, se afectaría de forma permanente a muchos de los agentes del sistema. Hoy en día nos preguntamos ¿Cuál es la responsabilidad legal y política de las autoridades por esta situación?", señaló la Andi en un comunicado.
25 millones de pacientes quedaron en EPS que están intervenidas o son propiedad del Gobierno, prácticamente la mitad de los habitantes del país.
La Andi pide a los órganos de control que establezcan la responsabilidad del Gobierno con el sistema, una alusión a las reiteradas reclamaciones de las EPS por problemas con los pagos del Ministerio de Salud y el hecho de que el pago por cada afiliado (la UPC) está subestimando desde hace un par de años los verdaderos gastos del sistema de salud en Colombia.
La intervención de Sanitas se da en el marco de la tensa discusión de la reforma a la salud, que se está quedando sin oxígeno en el Congreso. La comisión séptima del senado se reúne para discutir una proposición de archivo de la reforma que ha sido públicamente respaldada por 9 de los 14 integrantes.
“Sería inconcebible que esta medida haya sido tomada en retaliación por la decisión del Congreso de la República de considerar el voto de ponencia negativa respecto a la reforma a la salud. La democracia no es el ejercicio de imponer posiciones al resto de la sociedad, sino el ejercicio de construir decisiones colectivas. De manera que, si se trata de una reacción a la decisión del Congreso de la República, estaríamos hablando entonces de una situación inaceptable dentro del marco constitucional colombiano”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
Cabe recordar que en varios discursos el presidente Gustavo Petro ha sugerido que si no se aprueba la reforma a la salud, el Gobierno 'entra a actuar' citando un reporte de la Contraloría General de la República, según la cual solamente 5 de las EPS en el país cumplen con los requisitos para operar.
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