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El Ministerio de Hacienda y altos funcionarios del Gobierno ya tenían algunas dudas sobre la sostenibilidad financiera de la atención en salud de los maestros mucho antes de que el Gobierno cambiara el modelo de atención y ordenara atención sin autorización previa, según las actas del Confis.
En febrero se aprobó el pago de 250.000 millones de pesos de obligaciones del Fomag (el fondo al que van a dar los aportes en salud de los maestros). El pago se hizo con deuda, es decir con bonos del Gobierno y se decidió en medio de una reunión compleja en la que se habló de un gran recorte de gastos para el Gobierno.
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"El Confis recomienda que la Dirección de Regulación para la Seguridad Social realice un análisis de sostenibilidad para el Fomag, dadas las solicitudes de recursos que profundizan el déficit del Gobierno nacional Central", señala el acta del 1 de febrero.
El Confis es una instancia de decisiones internas del Gobierno en donde participan el Ministerio de Hacienda, pero también funcionarios de Planeación Nacional y de la Dian.
La advertencia se dio exactamente tres meses antes de que el presidente Gustavo Petro y su equipo iniciaran el despliegue de un nuevo sistema en el que desapareció la intermediación financiera de 'operadores' y se dio paso a la contratación directa con clínicas y hospitales.
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El cambio terminó en medio de filas y reclamos, al punto que el 17 de mayo el Gobierno ordenó atender a cualquier maestro sin autorizaciones. Un hecho que podría disparar el gasto de recursos en el Fomag.
A pesar de esa orden, los problemas continuaron al igual que las protestas y el escándalo le costó su salida del Gobierno a Mauricio Marín, director de Fiduprevisoraque es la entidad encargada de istrar la plata del Fomag.
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