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En este 2025, el sector salud se enfrenta a un panorama alarmante debido a la discrepancia entre el aumento del salario mínimo y el escaso incremento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), decretado hace unos días.
El aumento del salario mínimo del 9.54 % contrasta con el incremento de apenas 5.36 % en la UPC, lo que resulta en una diferencia de aproximadamente cuatro puntos porcentuales. Este desajuste se traduce en una crisis para el sistema de salud, donde se reporta un déficit de aseguramiento superior a los seis billones de pesos al cierre de 2024.
Así lo dijo Ana María Vesga, presidenta de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quien se pronunció al respecto pidiendo un ajuste inmediato. En diálogo con Mañanas Blu dijo que entre el 60 % y el 70 % de los recursos del sistema son destinados al pago del talento humano.
En ese sentido, aseguró que este aumento de la UPC no reconoce la carga salarial, lo que podría derivar, inevitablemente, en despidos de personal y el cierre de servicios básicos en el sector salud.
“Es un panorama muy complejo con el que iniciamos el año (…) Se traduce en un sistema en crisis que está habiendo cada vez mayores dificultades para atender con oportunidad a los s en hospitales que están diciendo: ‘no soy capaz con este incremento que ni siquiera me reconoce el incremento del salario mínimo’”, detalló.
Por eso, explicó que, ahora, lo que piden es un "reajuste" técnico al Gobierno, pues las cifras presentadas simplemente no son suficientes para atender la demanda.
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“Estamos en el 2 de enero. Estamos a tiempo de sentarnos en este mes todos los agentes y buscar ese reajuste con base técnica”, insistió.
Además, recalcó que las EPS enfrentan serias restricciones para atender los costos implicados por servicios médicos y suministros, la cual se agrava por la insuficiencia de recursos disponibles.
Aseveró que es necesario revisar las cifras y que se ofrezcan ajustes que se alineen con el crecimiento del salario mínimo, para, así, garantizar la viabilidad de la atención médica en el país.
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“Nosotros estamos pidiendo ese espacio. Estamos esperando respuesta del Gobierno porque la realidad sobre el cálculo de la UPC es que esto atiende a una metodología que está contenida en la ley, que es la forma como se hace año tras año”, explicó.
Esto no es un número que salga del sombrero. Esto es un número que está debidamente soportado (…) Esta resolución no arroja ninguna explicación ni razón técnica de por qué se llegó simplemente al IPC. Lo único que leemos es ‘hay inconsistencia, es insuficiente, no podemos aumentar sino el IPC’. Bueno, es un deber del Estado, del Gobierno, en este caso, financiar correctamente la UPC. Es un deber de todos los agentes entregar la información correctamente y con calidad
Sobre las declaraciones de quienes dicen que esto ocurrió tras el hundimiento de la ley de financiamiento, como lo ha mencionado Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), respondió que intentan justificar el limitado incremento bajo el argumento de una falta de información fiable proporcionada por las EPS, lo cual "no tiene que ver".
“Una cosa no tiene que ver con la otra, empezando porque en el presupuesto para el año 2025, cuando uno reproduce sin que sea explícito el número de aumentos, pero cuando usted reproduce el valor del aseguramiento comparado entre un año y otro, el incremento es mayor. Entonces, ya perse en el en el análisis del en el planteamiento del presupuesto que se aprobó finalmente por decreto para este año, el Gobierno estaba previendo que tenía que destinar más a salud”, agregó.
Vesga indicó que los efectos de esta crisis no solo se ven en el ámbito financiero, sino que también impactan directamente la atención que reciben los pacientes, pues se estima que las EPS pueden verse obligadas a cerrar camas y reducir especialidades.
“No estamos observando razón técnica en la forma como se ha calculado y lo que estamos llamando es a que se haga ese ejercicio”, preció Vesga.
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