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Mediante un requerimiento, la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, le pidió a la Corte Constitucional estudiar la posibilidad de declarar un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Lo que señaló la Procuraduría es que, la decisión del Ministerio de Salud se sustentó en datos parciales y procedimientos alejados de las normas legales, refiriéndose al aumento de la UPC, y que el Ministerio de Salud habría utilizado fuentes de baja calidad y omitió validar datos financieros clave de entidades como la Nueva EPS, que representa al 23 % de los afiliados al sistema y que los argumentos del acto istrativo incluyen referencias desactualizadas, como sanciones de 2011, y no responden a los criterios técnicos establecidos en la Ley 100 de 1993.
“En tres ocasiones, entre junio de 2022 y diciembre de 2024, la Sala Especial de Seguimiento advirtió al Ministerio de Salud y Protección Social respecto del riesgo de incursión en conductas disciplinarias y penales por el desconocimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional”, señaló la Procuraduría.
Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación le pidió al alto tribunal adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de los principios de sostenibilidad y suficiencia financiera, asimismo, le pidió al Ministerio de Salud remitir los análisis técnicos utilizados en el cálculo y ajustar la metodología para incorporar factores como la inflación, los cambios demográficos y el costo real de los servicios de salud.
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