La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar por presuntas irregularidades en el contrato del call center (Centro de Atención Telefónica) instalado para atender emergencias por COVID-19.
Por estas supuestas irregulares también deberán responder el exdirector de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento, César Augusto García Durán y Sergio Orlando Ferro Dávila, supervisor del contrato 541 de 2020. “Habrían incumplido su deber de verificación del contrato”, dice el informe del Ministerio Público.
Los tres implicados en este proceso disciplinario deberá responder por la presunta comisión de una falta gravísima a título de culpa gravísima, porque “ninguno de los involucrados cumplió con su deber de verificar el contrato”, señala la Procuraduía.
El contrato inicial con la empresa Advance Technologies & Solutions Grupus S.A.S. fue de $742 millones y luego de dos adiciones presupuestales firmados desde la Oficina de Gestión de Riesgo terminó constando más de $2.000 millones, señaló el congresista santandereano Fabián Díaz.
“Este contrato tuvo un costo de más de 2.000 millones de pesos, se realizó sin ninguna justificación aparente y se prorrogó innecesariamente hasta diciembre del 2020. El contrato, según la denuncia, tuvo un valor inicial de 742 millones de pesos. Sin embargo, contó con una primera adición de 495 millones y otra adición de 944 millones”, dijo el congresista.
El represente a la Cámara por Santander, Fabián Díaz, afirmó en su momento que “la ejecución de nueve meses del contrato del call center durante la pandemia no tenía ninguna funcionalidad, es decir, estaba operando, pero nunca se llegó a comprobar que este call center brindara los servicios por los cuales había sido contratado, hubo unas irregularidades con esa expansión del contrato”.
Blu radio buscó al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, para conocer su versión de la investigación de la Procuraduría por el contrato COVID, pero no obtuvo respuesta.
Otras investigaciones por contratos COVID-19 en Santander
Cabe recordar que en el Ministerio Público adelanta varias investigaciones por irregularidades en contratos durante la pandemia del COVID-19 en el departamento de Santander.
“La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al jefe de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, César Augusto García Durán (2021-2022), por posibles irregularidades en los contratos de obra e interventoría para rehabilitar y recuperar la infraestructura de baterías sanitarias, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y mitigación del covid-19 en el sector educativo”, dice el comunicado del órgano de control.
La Procuraduría reprochó al exfuncionario por celebrar los contratos de obra y de interventoría por fuera del término señalado en el plan de acción, con lo cual habría incumplido el objetivo del componente educación.
“García Durán debió utilizar los procedimientos de selección del contratista legalmente establecidos, que para el caso del contrato de obra era la licitación pública, y para la interventoría el concurso de méritos, dado que el régimen excepcional solo podía aplicarse hasta el vencimiento del plan de acción, fecha en la cual la obra tenía un avance del 0 %”, agrega.
El investigado pudo transgredir el principio de transparencia de la contratación estatal, por presuntamente eludir los procedimientos de selección objetiva, dice la Procuraduría.
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