Después de la socialización en Bucaramanga por parte de delegados del Ministerio de Ambiente del proyecto de resolución que declara una zona de reserva temporal en Santurbán, un grupo de 40 organizaciones sociales de la provincia de Soto Norte, anunciaron su decisión de declararse en desobediencia civil.
La medida según los líderes amenaza gravemente la economía de la región y la estabilidad social de más de 35.000 personas.
La resolución del Ministerio de Ambiente, que plantea la exclusión de actividades mineras en municipios como California, Vetas y Suratá, ha generado una creciente preocupación entre las comunidades. Según los denunciantes, la prohibición de la minería, una actividad que ha sido parte fundamental del desarrollo local, podría resultar en el desplazamiento forzado de miles de personas.
“Nos Vamos a las calles y muy seguramente antes de finalizar el año vamos a hacer un plantón porque el ministerio de ambiente dice una cosa y hace otra, afectando a los pequeños mineros que estamos en procesos de formalización”, manifestó Ivonne González, presidente de Asomineros.
En un comunicado conjunto, las organizaciones sociales, que agrupan a campesinos, mineros, productores agropecuarios, representantes del sector turístico, víctimas del conflicto armado, organismos de acción comunal y líderes comunitarios, rechazaron la medida por considerarla una imposición sin consulta previa y sin una visión integral de desarrollo territorial.
"La imposición de zonas de reserva sin diálogo ni concertación desde Bogotá solo profundiza la crisis social y económica de nuestra región", afirmó Holmes Valbuena, presidente de la Fundación Firmes Santurbán y exalcalde de California.
Las comunidades de Soto Norte denuncian que las decisiones tomadas desde el Gobierno Nacional no han tenido en cuenta las realidades y necesidades locales.
Según los líderes sociales, el Ministerio de Ambiente ha ignorado las propuestas y preocupaciones de los habitantes de la región, y no ha ofrecido soluciones claras ni acciones concretas ante los impactos negativos que esta medida podría generar. Además, acusan al Gobierno de actuar sin aplicar los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, el cual promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales.
“La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha mentido a la opinión pública cuando manifiesta que las áreas de reserva temporal no afectarán ningún proceso de formalización a nosotros a los mineros. Son 60 mineros de California que llevamos ya 12 años en un proceso buscando la legalidad nos borra prácticamente el mapa”, señaló Jorge Gamboa, representante de Calimineros de Santurbán.
Las comunidades de Soto Norte hicieron un llamado urgente al Ministerio de Ambiente para que reconsidere la medida y abra un proceso de diálogo inclusivo y participativo con los habitantes de la región.
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