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La veeduría Transparencia por Santander lanzó una advertencia sobre el aumento de la contratación directa y la reducción de licitaciones públicas en el departamento, señalando posibles riesgos de corrupción y falta de competencia en los procesos contractuales.
Marcela Pabón, directora de Transparencia por Santander, expresó su preocupación por la disminución en la pluralidad de ofertas en los concursos de licitación pública.
“Santander históricamente ha tenido muchos escándalos de corrupción. Hemos denunciado en cada caso las irregularidades que hemos encontrado. Nos preocupa que en los últimos años ha disminuido la pluralidad de ofertas, es decir, menos empresas están participando en las licitaciones. Esto es un indicador de que las cosas necesitan cambiar y de que hay mejoras por realizar en la contratación para que haya procesos más competitivos”, afirmó Pabón.
Uno de los principales problemas señalados por la es el uso de la contratación directa sin justificación clara, lo que, según Pabón, representa una evasión de la licitación pública y de los principios de transparencia y publicidad establecidos en la Ley 80 de 1993.
“La contratación directa elimina la competencia, reduciendo las oportunidades para el empresariado santandereano de participar en compras públicas. La licitación debe ser el procedimiento por excelencia, mientras que la contratación directa debe utilizarse únicamente por excepción”, enfatizó.
Rodrigo Fernández, experto en contratación pública y veedor, también se refirió al tema, señalando que en Santander se ha detectado un incremento en la actividad de entidades intermediarias en la contratación, como el Fondo Mixto de Inversión y Desarrollo para la Paz (Finverpaz).
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“La alerta es que en Santander y en sus municipios poco han acudido a lo que yo he denominado ‘contrataderos’, pero en los últimos meses hemos visto actividad con Finverpaz en varios municipios. Por ejemplo, en Guadalupe y en Tona ya se han firmado contratos a través de esta entidad para proyectos como el plan maestro de alcantarillado”, explicó Fernández.
El experto alertó sobre el riesgo de que Finverpaz y otras entidades similares se conviertan en mecanismos para adjudicar contratos sin la debida competencia.
“El problema es que Finverpaz no ejecuta directamente los proyectos, sino que contrata a un tercero, lo que puede generar riesgos de corrupción. La gobernación de Santander ya ha firmado contratos con esta entidad, y es importante que no se convierta en un ‘contratadero’”, agregó.
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Fernández también destacó la baja cantidad de procesos licitatorios en el departamento y sus municipios, aunque consideró que esto podría deberse a que el primer año de gobierno se enfoca en la aprobación de los planes de desarrollo, mientras que la ejecución de proyectos inicia en el segundo año.
“Esperamos que la contratación en 2025 se ajuste a las normas de la Ley 80, aplicando los pliegos tipo correctamente. Confiamos en que así ocurra y que podamos declarar a Santander y sus municipios libres de ‘contrataderos’”, concluyó.
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