El Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabu), entidad que agrupa 21 centros de salud, un hospital y una clínica pública en la ciudad, enfrenta una grave crisis financiera por cuenta de una creciente deuda de las EPS que supera los 32.000 millones de pesos, de los cuales más de 12.000 millones corresponden a entidades actualmente intervenidas por el gobierno nacional.
Así lo reveló el gerente de la institución, Hernán Zárate, en entrevista con Blu Radio, donde expresó su preocupación por la continuidad de la atención a cerca de 170.000 s del régimen subsidiado que dependen de los servicios de salud que presta el Isabu.
“De estos 32.000 millones de pesos, una cartera mayor a 150 días, que es la que llamamos nosotros de difícil cobro, supera los 12.000 millones. Y lo más preocupante es que esa deuda corresponde en su mayoría a EPS intervenidas como Nueva EPS, Coosalud y Sanitas”, advirtió Zárate.
Según explicó el directivo, las entidades responsables aseguran que solo responden por las obligaciones contraídas a partir de las intervenciones de la Superintendencia de Salud, lo que deja sin respaldo jurídico y financiero las deudas previas.
Una de las situaciones más críticas se vive con Nueva EPS, que concentra más de 50.000 s del Isabu y con la que se acumula una deuda superior a los 6.000 millones de pesos. Zárate denunció que desde el 15 de abril no se están autorizando servicios médicos a los afiliados, a pesar de que existen contratos vigentes.
“Nos dicen que los pacientes deben dirigirse a la clínica Comuneros, pero mientras tanto los tenemos en la puerta del hospital o de los centros de salud sin poder atenderlos. Esto va en contra del derecho fundamental a la salud”, sostuvo.
La situación, calificada como crítica por las directivas del Isabu, ha sido puesta en conocimiento de la Superintendencia de Salud, la Procuraduría General de la Nación y las propias EPS involucradas, sin que hasta el momento se hayan obtenido respuestas efectivas.
“El Gobierno habla de fortalecer la red pública de salud, pero ¿cómo vamos a seguir creciendo en servicios si no nos pagan por los que ya prestamos? Estamos en riesgo de suspender algunos servicios, y eso pondría en jaque la atención de miles de ciudadanos del norte de Bucaramanga”, advirtió el gerente.
Mientras tanto, el equipo jurídico del Isabu continúa con los procesos legales para el cobro de la cartera, aunque reconocen que las posibilidades de recuperación son limitadas si las EPS no tienen voluntad de pago y el Estado no asume la responsabilidad de sus entidades intervenidas.
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