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El proyecto denominado ‘Héroes comunitarios’ fue presentado por el concejal de Bucaramanga, Diego Lozada, y busca la integración del sistema de cámaras de la Policía con las de empresas de vigilancia y seguridad privada, la creación de frentes de seguridad o promotores de seguridad y convivencia, generando espacios de participación ciudadana.
“Héroes Comunitarios se enfocará en realizar un análisis exhaustivo de la capacidad operativa de las empresas de vigilancia y seguridad privada, así como de los frentes de seguridad y promotores de seguridad y convivencia que operan en Bucaramanga. Este análisis permitirá determinar los recursos disponibles y cómo pueden ser articulados para implementar acciones de seguridad efectivas en favor de los bumangueses”, explicó el concejal Lozada.
Actualmente, en Bucaramanga hay 808 cámaras, de las cuales funciona solo el 17,82%. La Alcaldía adelanta un proceso de mejoramiento y mantenimiento de estos equipos de seguridad.
Según datos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga hasta noviembre de 2023, se reportaron 13.973 casos de delitos en el municipio, concentrando un 59.1% en las comunas 13, 3, 12, 15 y 1 los delitos registrados.
El análisis del primer y segundo trimestre de 2024 muestra un aumento constante en delitos como homicidio, extorsión y violencia intrafamiliar.
" La propuesta consiste en que, mediante convenios, las imágenes captadas por cámaras de vigilancia instaladas en establecimientos comerciales, conjuntos residenciales y otros lugares privados puedan ser monitoreadas en tiempo real por las autoridades, esto permitirá una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier incidente de seguridad, lo cual fortalecerá la capacidad de vigilancia y reducirá los índices de criminalidad en Bucaramanga”, señaló Diego Lozada, concejal de Bucaramanga.
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El proyecto también contempla un ítem de estímulos tanto para las empresas como para los actores comunitarios que participen de la estrategia, respetando el Decreto 111 de 1996 y la disponibilidad de recursos.
Finalmente, se incluye una etapa de seguimiento y control, mediante mesas operativas mensuales o bimensuales lideradas por las autoridades municipales, junto a actores comunitarios y del sector privado. Estas mesas permitirán observar el comportamiento delictivo y establecer planes de acción.
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