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El reciente caso de la niña Sofía Delgado, de 12 años, que fue abusada y asesinada en Candelaria, Valle del Cauca, ha conmocionado a toda Colombia. El hecho de que el presunto culpable, Brayan Campo, de 32 años, tuviera antecedentes de abuso sexual contra otra menor y aún estuviera en libertad ha generado indignación y cuestionamientos sobre el sistema judicial.
Brayan Campo ya había sido señalado anteriormente por un caso similar en 2018, cuando fue acusado de abusar de una niña de 14 años. Sin embargo, a pesar de este proceso judicial en curso, Campo permanecía libre, lo que ha provocado que muchos se pregunten por qué no estaba bajo custodia preventiva. En Colombia, los delitos sexuales contra menores de edad son castigados con severidad, pero en ocasiones, los agresores quedan en libertad mientras avanzan los procedimientos legales, lo que representa un riesgo para la sociedad.
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En este caso, según los informes de la Policía del Valle del Cauca, existía un proceso abierto contra Campo por violación, y pese a ello, continuaba operando su tienda en Candelaria, donde se encontró evidencia clave para su captura. ADN de Sofía Delgado fue hallado en el local, lo que finalmente lo implicó directamente en el crimen. No obstante, la pregunta sigue siendo: ¿cómo un hombre con antecedentes de este tipo pudo seguir en libertad?
Sofía Delgado desapareció hace 19 días, después de haber salido de su casa en Villagorgona, un corregimiento de Candelaria, para comprar un champú. Nunca volvió a su hogar. Tras días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un cañaduzal, desmembrado y calcinado. Campo, quien era dueño de la tienda a la que Sofía fue a comprar, confesó finalmente haberla asesinado. La comunidad, indignada, intentó quemar el local comercial de Campo, en un acto de desesperación por la impunidad que sienten ante este tipo de crímenes.
Este año, Colombia ha registrado 375 homicidios de menores, y el caso de Sofía es el último de esta trágica lista. La situación se agrava cuando se considera que, en muchos de estos casos, los agresores tenían antecedentes, pero aún así estaban en libertad.
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El sistema judicial colombiano, en ocasiones, permite que individuos con antecedentes penales graves permanezcan en libertad mientras se resuelven sus casos. Este vacío en la aplicación de la ley pone en peligro la vida de más niños y niñas. Según expertos, este es un problema estructural que involucra no solo la falta de celeridad en los procesos judiciales, sino también la falta de recursos y seguimiento en los casos de abuso sexual.
En el caso de Brayan Campo, el proceso judicial en su contra por el abuso de una niña hace seis años no avanzó lo suficientemente rápido. No fue sometido a medidas preventivas, como la prisión, lo que le permitió continuar con su vida normal y, lamentablemente, cometer otro crimen. Este tipo de fallas en el sistema genera la sensación de impunidad y falta de justicia, lo que indigna a las víctimas y sus familias.
El asesinato de Sofía ha provocado una fuerte reacción en Candelaria, donde las autoridades han impuesto toque de queda ante los disturbios. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y otras figuras públicas han condenado enérgicamente el hecho y han señalado la urgencia de fortalecer las medidas de protección para los menores.
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El coronel Carlos Oviedo, de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que el ADN encontrado en el local de Campo coincide con el de Sofía, y que las pruebas son concluyentes. Campo ya ha sido detenido y está a la espera de la audiencia de imputación de cargos, donde se espera que se le acuse formalmente de feminicidio agravado y otros delitos graves.
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