Los obispos de las diócesis de Ipiales, Tumaco y Pasto hicieron un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que defina una política pública de atención económica y social para los campesinos cultivadores de hoja de coca, esto ante el incremento de los cultivos ilícitos y el fracaso que por décadas han tenido los programas de sustitución de economías ilegales en el suroccidente del país.
Las declaraciones de los prelados de la Iglesia Católica se hicieron en el marco del tercer foro "Cultivos de Uso Ilícito y Economías Ilegales - Realidades y Propuestas de los Territorios", que se llevó a cabo en Pasto.
Dicen que están dispuestos a acompañar al gobierno nacional para buscar alternativas efectivas que permitan a los miles de campesinos, que son obligados por las circunstancias a cultivar la hoja de coca, cambiar de actividad.
Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de Pasto, dijo que “la Iglesia ha estado históricamente en los territorios y aseguró que se debe fortalecer el trabajo pastoral, caminar más con el pueblo, que haya más empatía y estar con la gente. Tenemos que leer allí un llamado de la comunidad, superando las barreras sociales, incluso las de seguridad, para hacer sentir que no somos indiferentes a sus luchas y sentimientos”.
Mientras tanto, monseñor Saúl Grisales, obispo de Ipiales, aseguró que el decir de la comunidad es que “ese es el problema de la costa, ese es el problema de la cordillera”.
No es un problema del departamento; somos todos los ciudadanos los que tenemos una circunstancia que afrontar. Así en las calles de Pasto no se produzca, pero en las calles de Pasto se consume o se vive la violencia que viene de allá o se viven situaciones de pérdida y daño profundo a nuestras nuevas generaciones.
“Entonces, este es un problema de la sociedad que por eso tiene que reflexionarlo, y eso es lo que hemos tratado de hacer con unos expertos. Venimos trabajando, que nos han querido aportar sus reflexiones, como lo ha hecho el gobernador, para tratar de que todos entendamos primero la complejidad de este problema del narcotráfico”, aseguró monseñor Grisales.
"Nuestra misión es acompañar a nuestras comunidades en su lucha por una vida digna. Debemos trabajar juntos, desde todas las esferas, para erradicar las causas que llevan a nuestros hermanos a recurrir a las economías ilegales".
Monseñor Orlando Olave, obispo de la diócesis de Tumaco, fue más allá y aseguró que los programas que está ofreciendo el gobierno nacional deben llegar de verdad al fondo de los problemas y evitar que los cultivos sigan aumentando en esta región del Pacífico nariñense.
Olave manifestó su preocupación porque decenas de familias están abandonando sus parcelas debido a la situación económica que ha llevado a sus familias a extremos en los municipios del piedemonte costero y el Pacífico.
El representante de la Iglesia Católica en Tumaco pidió al gobierno buscar salidas que puedan transformar las economías ilegales con respuestas positivas y dijo que no se puede negar que por años las comunidades han subsistido con los cultivos, pero eso no significa que se pueda justificar algo que hace tanto daño a la sociedad.
Finalmente, los prelados pidieron al gobierno “poner su mirada en la región del suroccidente para que, con un apoyo institucional, los campesinos puedan superar la histórica marginación y abandono a la que han estado sometidos por décadas”.
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