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Tras los hechos de violencia que se han venido registrando en Tuluá, Valle, una delegación especial de la Procuraduría llegó a este municipio para conocer de primera mano las afectaciones que estos hechos le han generado a la comunidad civil.
En un primer encuentro con la gobernadora Dilian Francisca Toro, se identificó que la estructura delincuencial 'La Inmaculada' no solo estaría operando en Tuluá sino en otros municipios del centro del Valle.
"Se escuchará a los empresarios, alcaldes y autoridades, con el objetivo de fortalecer las acciones que, si bien se vienen realizando y vemos alguna consecuencia con el pronunciamiento de hoy de este grupo multicrimen, pues es necesario no bajar la guardia y seguir fortaleciendo la seguridad en Tuluá y los municipios circunvecinos para garantizar la convivencia de todos sus pobladores”, dijo el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento.
Ante el reciente comunicado que se conoció por parte de la banda ‘La Inmaculada’, en el que manifiestan su compromiso de no extorsionar en Tuluá, la gobernadora del Valle expresó que “es importante, pero necesitamos que esas extorsiones tampoco las hagan en los municipios aledaños porque necesitamos que la gente esté tranquila”.
El Ministerio Público también pudo establecer que existe un alto riesgo de que migrantes venezolanos, entre ellos varios menores de edad que permanecen en el municipio, sean instrumentalizados por estos grupos para alimentar nuevos actos violentos.
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