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Los presuntos involucrados en este entramado de corrupción para exonerar el pago de comparendo de tránsito por lo menos 300 personas en la ciudad de Cali, serían cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad: Andrés Quimbayo, Juan Carlos Peña, Rubén Darío Martínez, Jesús Antonio Chica y Larry Tovar; además de la propietaria de un establecimiento comercial privado, Sandra Liliana Castañeda.
Estas personas son señaladas de articularse para evitar el cobro de 516 multas de tránsito a 336 ciudadanos, llegando en algunos casos a emitir resoluciones revocatorias sin sustento alguno. Según la investigación de la Fiscalía a cambio de exonerar a los infractores estas personas habían recibido un pago de alrededor de 103 millones de pesos.
Luego de proceso de captura y judicialización, el juez de control de garantías los envió a la cárcel donde deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, y cohecho propio.
Hay que señalar, que referente a este proceso también se emitió una orden de captura en contra del personero delegado para la Movilidad, Alfredo Gargía, quien al parecer también estaría involucrado, y que actualmente se encuentra fuera de el país, al haber solicitado una licencia hasta mediados del mes de agosto.
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