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La Superintendencia de Notariado y Registro ordenó la suspensión total de actividades en la notaría segunda de Barranquilla, tras la orden de casa por cárcel que recibió la notaria a cargo, Ana Dolores Meza Caballero, por estar supuestamente vinculada a una red de despojo de tierras en el Atlántico.
La autoridad dio a conocer una resolución en la que especifica que por sus “funciones de inspección, vigilancia y control sobre el servicio público notarial, debe propugnar por garantizar la correcta prestación a los s de dicho servicio, tomando las medidas concernientes para garantizar la eficacia y eficiencia de este”.
A lo que, inmediatamente, informó que no habrá servicio en el lugar hasta que se aclare la situación o se realice la designación de un nuevo notario.
“Suspender términos y la prestación del servicio público notarial, en la Notaría Segunda (2) del Círculo de Barranquilla – Atlántico a partir del 5 de mayo de 2025, en atención a la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta por el Juzgado Diecisiete (17) Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla a la señora Ana Dolores Meza Caballero”, se puede leer inicialmente.
“Hasta que se supere la situación que origina esta suspensión del servicio de ser procedente, o hasta que se lleve a cabo la designación de notario en calidad de encargado por el nominador natural a efectos de garantizar la prestación del servicio público notarial, lo cual incluye legalización de todos los trámites istrativos necesarios, dentro de los que se encuentra la entrega material del despacho notarial, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta resolución”, agrega.
Recordemos que Meza Caballero fue judicializada por un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir, invasión de tierras, prevaricato por acción y omisión, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público y privado.
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Por estos mismo delitos, fueron imputadas otras 16 personas señaladas de pertenecer a dicha banda que además del supuesto despojo de tierras, al parecer también comercializaban irregularmente predios cedidos por constructoras a la Alcaldía de Soledad para zonas verdes.
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