La Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra Everth Julio Hawkins, exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato destinado al mejoramiento de las vías rurales de la isla.
El contrato, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, tiene un valor superior a los 31. 700 millones de pesos, lo que lo convierte en un proyecto de gran envergadura en la región. Las irregularidades señaladas por el órgano de control incluyen la falta de cumplimiento de los procedimientos legales de licitación pública y la falta de consideración de los impactos ambientales y sociales del proyecto.
Además de Hawkins, la Procuraduría incluyó en la investigación a Emilia Álvarez Guerrero, directora ejecutiva de la Asociación Regional de Municipios del Caribe, quien desempeñó un papel crucial en la selección del contratista y la adjudicación de los trabajos. La Procuraduría sostiene que Álvarez Guerrero no cumplió con los procedimientos obligatorios de licitación pública, lo que habría vulnerado la normativa vigente en materia de contratación pública.
Uno de los aspectos más graves del caso es la firma de una constancia por parte de Hawkins, en la que certificaba que las obras en cuestión se ajustaban al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la isla.
Sin embargo, según los informes, uno de los tramos de la vía mejorada se encontraba en una zona de conservación y amortiguamiento ambiental, incompatible con el uso y tratamiento del suelo en esa área específica. La zona de Duppy Gully, que se encuentra en una región ecológicamente vulnerable, no debería haber sido intervenida sin una evaluación detallada de los impactos ambientales.
La Procuraduría considera que, al firmar dicha constancia, el exgobernador actuó con negligencia, pues no tomó en cuenta los efectos negativos que podrían derivarse de la intervención en una zona de alto valor ecológico. Además, la intervención en esta zona compromete la integridad de los ecosistemas locales y pone en riesgo el bienestar de las comunidades que habitan el área, que ya enfrentan desafíos socioambientales significativos.
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