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Hasta nueva orden quedaron suspendidas las audiencias preliminares contra los 16 capturados esta semana en el Atlántico y en Córdoba, entre esos funcionarios públicos señalados de integrar una red criminal que facilitó la apropiación y venta ilegal de tierras.
Y es que después de una extensa jornada, en la que pasada la medianoche de este martes, 15 de abril, el juez 101 penal municipal con función de control de garantías ambulante de Barranquilla terminó de legalizar 16 de las 17 capturas que presentó la Fiscalía. Luego de cinco horas de apelaciones por parte del ente acusador y de algunos abogados defensores que no compartieron su decisión en esta primera etapa; el despacho declaró que no era competente para seguir con este caso y atender las siguientes audiencias concentradas.
El juez Ángel Monroy argumentó que su despacho está para atender asuntos relacionados con grupos armados organizados y esto, a su criterio, no se cumple en este caso.
Si bien la Procuraduría no se opuso a esta decisión, la Fiscalía sí se mostró en desacuerdo, consideró que el juzgado sí es competente y advirtió que esto más bien podría acarrear nulidades frente al proceso.
Así las cosas, la decisión ahora quedó en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que ahora deberá definir quién tiene la competencia para continuar con las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento.
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