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En un extenso documento de 364 páginas, el equipo jurídico del Distrito de Barranquilla interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para que “se declare la nulidad” de la resolución que emitió el Invías en mayo de 2023 y por medio de la cual se aplica el cobro de valorización en la Vía al Mar y Circunvalar de la Prosperidad, entre Atlántico y Bolívar.
Puntualmente, la demanda pide la nulidad, tanto de la Resolución No. 1729 del 26 de mayo de 2023 del Invías, como de la Resolución No. 2615 del 27 de junio de 2024, también emitida por el Invías y la cual hace modificaciones y adiciones a la primera decisión.
La demanda basa sus pretensiones en 21 hechos concretos, como por ejemplo que en 2013, cuando la ANI presentó las obras que conforman el corredor vial Cartagena – Barranquilla, “el Invías no socializó, ni informó ni notificó a la comunidad de los departamentos de Atlántico y Bolívar que esa obra les sería posteriormente cobrada mediante una contribución de valorización”.
Agrega que la resolución que aplica el cobro “no cumplió el trámite establecido” y esto “impidió que la comunidad afectada con este acto istrativo presentara observaciones, sugerencias o propuestas alternativas”, lo cual sería una “expedición irregular” de dicho acto.
El Distrito sostiene que “lo que está haciendo el Invías con la valorización es vulnerar de forma flagrante y grosera el debido proceso”, y además “viola el derecho a la Igualdad de las comunidades de Atlántico y Bolívar, si se tiene en cuenta que en el país se han ejecutado otros proyectos que son de la misma época y a los que no se les ha aplicado la contribución de valorización”.
A su vez, el Distrito llama la atención sobre la afirmación que hizo la ministra de Transporte, María García, el pasado 6 de agosto, cuando aseguró que “el 100% del recaudo de la valorización se quedaría en los departamentos de Atlántico y Bolívar”, siendo que “ese tema tampoco se incluye en las resoluciones del Invías y, por el contrario, se ha escuchado en versiones de prensa que sólo se quedaría el 50% en estos departamentos y el otro 50% en otras regiones del país”.
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Critica que con este cobro “se puede observar cómo a esta parte de la región Caribe se le quiere aplicar un tributo retroactivo cuando la inversión del Gobierno Nacional ha sido prácticamente nula en los últimos dos años y existe una deuda pendiente de inversiones hacia la región”.
Vale anotar que a esta demanda se suman dos interpuestas este año por el gremio de Camacol Atlántico y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
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