Luego de las denuncias de incumplimiento y falta de pago por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) a dos fundaciones operadoras de las ollas comunitarias en el departamento de Bolívar, la entidad se pronunció asegurando que, en este momento, se encuentran en una revisión exhaustiva de toda la contratación de estos programas, tras los reportes de irregularidades durante la gestión de Olmedo López y Sneyder Pinilla.
“A pesar de la instrucción presidencial de contratar directamente con las organizaciones de base y las juntas de acción comunal, se optó por contratar a grandes intermediarios logísticos conocidos como facilitadores. En este momento, la entidad está llevando a cabo una detallada revisión de todos los procesos en marcha”, explicaron, al tiempo que anunciaron que trabajan en el diseño de un nuevo programa directamente con las organizaciones de base.
A su vez, en un comunicado, la entidad señaló que en estos contratos ejecutados en Bolívar por la fundación ‘Mi abuelo y yo’ y la Corporación ‘Multiactiva Revive Tu Esperanza’ (Comulres), encontraron irregularidades como ineficiencia en la cadena de suministro que resultaba en retrasos, al igual que incumplimientos en la entrega de evidencias y en la cantidad de raciones contratadas en relación con las entregadas.
“Es relevante mencionar que el pasado mes de enero se cumplieron los 90 días reglamentarios para el funcionamiento de las 29 ollas comunitarias, pero solo hasta el 12 de agosto de 2024 los representantes legales allegaron los documentos de subsanación que la UNGRD les solicitó respecto a los informes de pago remitidos previamente. Actualmente, estos documentos se encuentran en un proceso de revisión exhaustiva”, precisaron.
Cabe recordar que la fundación ‘Mi abuelo y yo’ y la Corporación ‘Multiactiva Revive Tu Esperanza’ (Comulres) denunciaron que, pese a haber ejecutado con sus propios recursos las ollas comunitarias durante 90 días en 20 municipios, seis meses después la entidad no les ha reembolsado ni un solo peso. Denunciaron que recurrieron a créditos, que deben salarios a más de 170 personas y pagos a proveedores, y que aún no tienen respuestas.
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