En los primeros dos meses del año la polémica tasa de seguridad en Antioquia ya ha logrado recaudar al menos dos mil millones de pesos, según reveló el gobernador Andrés Julián Rendón a Blu Radio. El mandatario destacó que es un monto menor si se tiene en cuenta que aún están por liquidar y facturar la mayoría de contribuyentes, que son s de EPM
A pesar de las críticas y dudas frente a la puesta en marcha desde el pasado 1 de enero de la controvertida tasa para la seguridad en Antioquia, el tributo ya ha logrado recaudar significativos recursos en los primeros dos meses de 2025.
Así lo indicó a Blu Radio el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien manifestó que ya han ingresado al menos dos mil millones de pesos producto de la liquidación y facturación que han logrado a través de unas 14 comercializadoras de energía de las más de 30 que hay en el departamento.
Hay que recordar que el impuesto se cobra a partir del consumo mensual de energía para todos los s de los estratos 4, 5 y 6.
“Hemos recogido un poco más de $2.000 millones de pesos, pero de un número de comercializadores que representan son 13 a 14 comercializadores, pero representan una porción de el mercado muy pequeña porque, por supuesto, aquí el gran actor del mercado energético en Antioquia es EPM”, reveló el mandatario regional.
Sin embargo, el mandatario explicó que los contribuyentes que hasta ahora han recibido las facturas son muy pocos en vista de que la mayoría son s de EPM, empresa con la cual ya han llegado a un acuerdo para el suministro de información que permitirá que los primeros cobros por los meses de enero y febrero se estén haciendo efectivos a inicios de marzo.
“Estamos pendientes de liquidar y en consecuencia poder facturar a los suscriptores que tiene bajo su tutela EPM. Ya estamos formalizando un acuerdo con EPM para que nos suministre la información a fin de nosotros poder liquidar la tasa y creo que para los primeros días de marzo nosotros podríamos estar liquidando ya lo que fue el consumo de energía”, agregó.
Rendón destacó la importancia de esta iniciativa que ha defendido ante la falta de recursos provenientes del Gobierno nacional y complejas situaciones de orden público en varias de las subregiones.
El tributo pretende recaudar más del billón de pesos en tres años que se invertirán en el mejoramiento de equipamiento e infraestructura para la fuerza pública, cámaras de seguridad, la construcción de una cárcel departamental para sindicados, además del mejoramiento y construcción de placas polideportivas para el fomento del deporte y la convivencia en diferentes municipios del departamento.
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