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Luego del análisis realizado por parte del Comité de Medidas Especiales, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la prórroga hasta el 16 de junio de 2025 de la posesión de bienes, haberes, negocios y de la intervención forzosa de la EPS Savia Salud.
La decisión se tomó con el ánimo de “superar los hallazgos e incumplimientos evidenciados por la Superintendencia” y es que, según la entidad, se ha mostrado tendencia a la mejoría desde la intervención, pero aún no cumple con los estándares para poder levantar esta medida.
A pesar de la supuesta mejora, la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, mostró su preocupación por la decisión, ya que se buscaba que le devuelvan al departamento la operación de la entidad para estabilizar la atención de los pacientes y la situación financiera de los hospitales públicos.
"Yo creo que el gobierno no tiene la intencionalidad de liquidar más EPS, pero sí nos deja muy preocupados esta situación que se protege a pesar de los resultados tan cuestionados", aseguró la funcionaria.
A ese clamor se sumó el Colegio Médico de Antioquia, que recalcó que, ante la situación de la EPS, que pasó de tener 400.000 millones de pasivos a cerca de 1 billón al cierre del 2023, el escenario que menos genera, aparentemente, traumatismos es la prórroga de la intervención.
Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico, manifestó lo siguiente:
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"Debemos decir que es una medida positiva en cuanto a que la alternativa, que sería la liquidación, dejaría en vilo a más de 2 millones de pacientes antioqueños de los estratos más bajos".
Respondiendo a estas inquietudes, la Superintendencia le ordenó al agente interventor el incremento en la atención integral, con el fin de prevenir el riesgo y la aparición de enfermedades.
Además, le pidió remitir en el informe mensual de seguimiento a la gestión de la EPS los avances obtenidos en el proceso de identificación, radicación y conciliación de las cuentas por cobrar.
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Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud contempla la implementación de estrategias para evitar la imposición de nuevas medidas cautelares, la interposición de acciones de tutela e incidentes de desacato y el seguimiento a procesos judiciales adelantados en contra de la entidad.
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