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El primer día del paro armado en Chocó dejó siete eventos de alerta, según denunció la gobernadora del departamento. Después de un consejo de seguridad, se dio a conocer la instalación de cuatro banderas, dos cilindros explosivos y un parlante por parte del ELN.
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Las primeras 24 horas del paro armado anunciado por el ELN en el departamento del Chocó dejó más zozobra que respuestas por parte de las autoridades, pues se registraron afectaciones en las vías Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira, Istmina-Nóvita, y los municipios de Tadó, Carmen de Atrato, Lloró, Atrato (Yuto) y Río Iró.
Tras el consejo de seguridad que se desarrolló en el territorio, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que se han reportado la instalación de cuatro banderas, dos cilindros explosivos y un parlante por parte de esta guerrilla.
“Hay una afectación directa en las dos vías que comunican el departamento con Medellín y con Pereira, así como a la vía interna que comunica la subregión San Juan. Hay, por supuesto, una disminución importante en la movilidad y en las actividades de los municipios con un especial énfasis, por supuesto, en la zona rurales”, dijo.
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También se reportó que la ciudadanía ha reducido su movilización y se han afectado servicios, motivo por el que también se activó el despliegue de un modelo de educación en emergencia, a través de la virtualidad o de guías para que cada estudiante desarrolle.
Ana Milena Hinojoso, alcaldesa de El Atrato dijo que el comercio y la educación en su municipio están paralizados.
“Total silencio en las calles de nuestro municipio. En nosotros tenemos una vía principal que de Quibdó conduce hasta la ciudad de Pereira, pero pues los negocios comerciales cerrados, la actividad económica paralizada y efectivamente el círculo laboral, al igual que el tema educativo paralizado”, reveló.
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En medio de esta situación que genera zozobra, los lancheros sienten temor de recorrer el río Atrato, ante las amenazas de este grupo al margen de la ley.
“No me puede plazar por miedo y pues usted sabe que uno debe cuidarse y, por el tema del paro, nos vamos a quedar quietos”, agregó.
Por ahora, desde la Gobernación se convocó a un comité de justicia transicional para establecer cifras de confinamiento y posibles desplazamientos.
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También a través de PMU se monitorean los actos de constreñimiento, amedrentamiento y atención a la crisis humanitaria durante este paro armado, que es el número 10 registrado en los últimos dos años en el departamento.
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