Se agudizan los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo por disputa territorial. Autoridades locales pidieron una intervención urgente para evitar enfrentamientos armados entre ambos grupos.
Una nueva situación amenaza con poner en riesgo el orden público en el Norte antioqueño, esto en medio de las confrontaciones que persisten por el control del territorio y las rentas ilícitas entre el Clan del Golfo y las disidencias.
Este último grupo enumeró en un comunicado una serie de situaciones de las que responsabilizan al Clan del Golfo, estas relacionadas con el cobro de extorsiones a campesinos de hasta 50 millones de pesos, la instrumentalización de los mismos para la venta de hoja de coca y los recientes asesinatos de los firmantes de paz, Elkin de Jesús Oquendo y Fredy De Jesús David.
Por esta situación es que las disidencias aseguran que si en una semana no cesan los hechos delictivos del Clan del Golfo iniciarán una ofensiva militar. Es por esta preocupante amenaza que el alcalde de Ituango, Javier Parias, pidió una intervención urgente por parte de autoridades departamentales y nacionales.
“Pues estamos muy conmovidos y sobre ese tema pues decidimos hacer un Consejo de Seguridad y alertar a todos nuestros conciudadanos, también a las autoridades, pedirles que no nos dejen solos, que no nos abandonen. Nosotros pedimos el apoyo al Gobierno nacional y departamental”, afirmó.
Ante la creciente preocupación por posibles enfrentamientos entre ambos bandos, las disidencias aseguraron que, “les recordamos que los civiles no son escudo para ningún ente armado. No queremos más Fuerza Pública torcida”, se lee en la comunicación en la que además señalan al Ejército de actuar en connivencia con sus enemigos.
Esta carta se conoce no solo en medio del plan pistola que desde hace varias semanas ejecuta el Clan del Golfo en varios municipios del departamento, sino además de las recientes declaraciones de alias ‘Calarcá’, máximo cabecilla de estas disidencias quien aseguró que no hay posibilidad de que dejen las armas a pesar de la suspensión de acciones ofensivas de la Fuerza Pública en su contra hasta el próximo 18 de mayo.
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