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Recientemente Tigo-Une solicitó la autorización del Ministerio del Trabajo para despedir cerca del 10 % de sus empleados en medio de procesos de reorganización interna para continuar siendo competitivos en la industria de las telecomunicaciones.
Sin embargo, cuestionamientos de varios sectores sobre el manejo de la empresa han cobrado nuevamente fuerza con recientes hallazgos en la compañía advertidos por la Contraloría General de Medellín.
Se trata de la auditoría financiera y de gestión que ejecutó a esa entidad durante la vigencia de 2023 a Emtelco, la filial de EPM que presta sus servicios a Tigo-Une, y donde además de tres hallazgos en el proceso Gestión Presupuestal se reportó otro con presunta incidencia fiscal por casi 190 millones de pesos que han generado inquietud.
Ese monto fue producto de multas de tránsito por incumplir con el pico y placa de vehículos usados para garantizar la reparación, instalación y mantenimiento de los servicios de internet, telefonía, televisión en más de siete mil hogares de la capital antioqueña.
Sobre este hallazgo, del cual casi 30 millones de pesos corresponden a mora en el pago de dichas multas, la compañía aseguró que si no se hubiera cumplido con la prestación de los servicios, a pesar de la medida de pico y placa, “se hubiera incumplido en los niveles de servicios contratados por nuestro cliente corporativo” generando una sanción superior a los 626 millones de pesos, pero además sus ingresos se hubieran afectado en otros 570 millones.
“La compañía en su modelo financiero del negocio de instalaciones y reparaciones contempla una partida para imprevistos, que en desarrollo del contrato se pueden presentar, por lo cual el pago de estos comparendos no representa una pérdida o detrimento”, destacaron en su respuesta al ente de control.
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Sin embargo, a pesar de estos argumentos, la Contraloría aseguró que “los recursos públicos no deben ser utilizados para el pago de infracciones generadas por la falta de oportunidad en la solicitud de la exención de la medida del pico y placa”, especialmente porque las diferentes istraciones municipales dan a conocer la medida con suficiente antelación para programar las actividades de la empresa.
“La medida del pico y placa no es un imprevisto y el sujeto de control puede garantizarlo con otro vehículo, si lo hubiese planeado con antelación. Adicionalmente, los beneficios no se miden solo en lo económico sino también en la responsabilidad que corresponde social y ambientalmente”, puntualizó la Contraloría.
Ante estos hallazgos de finales de 2024, la Contraloría solicitó a Emtelco actualizar en 10 días hábiles su Plan de Mejoramiento Único para corregir las causas que dieron origen a las situaciones identificadas.
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