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“Desde el Martes Santo no ha habido un solo día sin un atentado terrorista”, denunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al confirmar la grave situación de orden público que atraviesa su departamento, luego de la reactivación del llamado plan pistola que ya ha cobrado la vida de tres policías y ha dejado más de 22 uniformados heridos.
Según el gobernador, la ofensiva contra alias Chirimoya, cabecilla del Clan del Golfo en la región del Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, habría generado una respuesta violenta por parte de esta estructura armada.
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“Como consecuencia de esa neutralización, esta estructura criminal reacciona”, señaló Rendón.
Desde ese momento, los ataques sistemáticos contra la fuerza pública han tomado fuerza, revelando un nuevo nivel de organización y letalidad por parte de grupos armados que, hasta ahora, no solían usar explosivos como método de ataque.
“Bandidos que solían pertenecer a otras estructuras criminales, con una argucia especial en materia de explosivos, están haciendo ya parte del Clan del Golfo”, explicó el mandatario.
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Una de las preocupaciones más graves que expuso el gobernador es la posibilidad de una alianza entre grupos ilegales, incluyendo disidencias de las FARC y el ELN, para ejecutar estos atentados. El motivo, según Rendón, es simple y peligroso: “El plan de todos ellos es enriquecerse de cuenta de las rentas que buscan capturar alrededor del narcotráfico, de la extorsión, de la minería”.
En este contexto, el gobernador atribuye parte del fortalecimiento de los grupos criminales a la política de “paz total” del gobierno nacional, que –a su juicio– ha otorgado una “sombrilla de impunidad”.
“Difícilmente se pueda encontrar un gobierno reciente donde a los bandidos les haya ido mejor”, sostuvo, señalando que las disidencias de las FARC han crecido en un 70 % y el Clan del Golfo en un 60 % dentro del departamento.
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Además del plan pistola, Rendón advirtió sobre el fenómeno de la explotación ilícita de oro en zonas como el río Nechí, donde convergen diferentes grupos armados en busca de rentas criminales. “Aquí lo que hay es criminales traqueteando detrás de unas rentas que hoy son microtráfico, mañana son narcotráfico, extorsión a la minería o a cualquier actividad que le reporte un ingreso”, denunció.
En el suroeste antioqueño, por ejemplo, el Clan del Golfo ha asumido el control de 14 estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico, lo que confirma una diversificación de sus actividades ilícitas. “Ahora funge también como jíbaro”, afirmó el mandatario.
Uno de los señalamientos más graves es la restricción operativa que enfrenta la fuerza pública, ante la dificultad de identificar si los actores armados están bajo acuerdos de cese al fuego o no.
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“Póngase usted en los zapatos de un soldado, un policía que divisa un grupo de bandidos y cree que son del Clan del Golfo, va y los ataca y después se da cuenta que eran de disidencias FARC”, explicó el gobernador, quien aseguró que incluso oficiales han sido retirados por errores en la interpretación de las directrices del Gobierno nacional.
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